Defensor del Pueblo de Ecuador defiende prohibir libro sobre masacre indígena

Quito, 26 sep.- El Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, defendió hoy la decisión de una jueza de prohibir la difusión del libro "Una tragedia ocultada", sobre una supuesta masacre entre indígenas amazónicos.

Rivadeneira aclaró que la decisión judicial obedece a que en la promoción del texto se difundieron imágenes de una niña indígena raptada por un clan nativo en la Amazonía, cuya fotografía no podía ser difundida por tratarse de una menor de edad y por estar incluida en un sistema de protección a testigos de la Fiscalía.

Ayer, cuando se iba a presentar la obra escrita por la periodista ecuatoriana Milagros Aguirre y el sacerdote español Miguel Ángel Cabodevilla, se anunció la prohibición emitida por una jueza en Quito, lo que desató una dura polémica en las redes sociales.

El propio Gobierno reaccionó contra la decisión judicial, a la que calificó de "censura previa", y se solidarizó con los autores de la obra.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó que presentó una petición de medidas cautelares frente a la publicación, que fue acogida por la jueza constitucional Hilda Garcés, especializada en casos de violencia contra la mujer y la familia.

Rivadeneira, en un escrito, recordó que meses atrás se produjo una supuesta matanza de indígenas de la comunidad taromenane -en aislamiento voluntario en la selva amazónica-, a manos de nativos waorani, incorporados al resto de la sociedad, en un hecho que aún se investiga.

Los waorani, además, raptaron a dos niñas taromenane y las incorporaron a su comunidad.

Según Rivadeneira, las denuncias de la masacre, así como la retención de las menores, obligó a la Fiscalía a tratar directamente el caso, por lo que las niñas fueron incluidas en un Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt).

"Puntualizamos que la sola declaración de una persona como víctima o testigo protegido impide, por mandato de la ley, cualquier utilización de su nombre y de su imagen, mucho menos en un medio de difusión masivo al público", subrayó Rivadeneira.

Además, aseguró que la imagen también constaría en el interior del texto, entre las páginas 126 y 139.

Son "niñas víctimas de abuso e infracción penal" y la fotografía de presentación es "parte de una investigación criminal actualmente en proceso pericial", además de "encontrarse desnuda y mostrar rostro de terror", añadió.

Rivadeneira rechazó "la manipulación política que se ha pretendido hacer sobre esta actuación, por actores que han manifestado públicamente y de manera irresponsable la existencia de una supuesta censura previa o intervención del Gobierno nacional para impedir la difusión de la obra".

Reconoció "el derecho a la libertad de investigación, pensamiento y expresión de los autores de la obra" y dijo que defenderá sus libertades "siempre que no entre en contradicción con otros derechos humanos".

De su lado, el Gobierno, en un comunicado, rechazó "total y absolutamente cualquier forma de censura" y la prohibición de circulación y difusión de la obra "Una tragedia ocultada".

El Ejecutivo consideró la decisión judicial "una acción abusiva de atropello" a los derechos de los autores y, pese a que aseguró su respeto a la independencia de la Función Judicial, reiteró su "desacuerdo con este tipo de acciones".

"Quienes estamos comprometidos con la promoción de la educación, el pensamiento y la razón no podemos silenciarnos ante la censura, desde ningún punto de vista", señala el comunicado difundido a través de la web informativa El Ciudadano, de la Presidencia.

Por su parte, Aguirre, autora del libro, aseguró ayer a Efe que la fotografía que señala la Defensoría no aparece en su libro y recordó que fue citada con anterioridad por la Fiscalía para que entregara la información que posee sobre los hechos.

"Una tragedia ocultada" cuenta los sucesos ocurridos a mediados de este año, cuando se denunció la supuesta masacre de indígenas taromenane a manos de waorani, en venganza por la muerte de dos ancianos de su comunidad.

El libro de Aguirre y Cabodevilla plantea, además, que las medidas cautelares que debía aplicar el Gobierno para proteger a los pueblos en aislamiento "fallaron", lo que facilitó la supuesta masacre.