Defensor del Pueblo: la valoración del impacto del fracking no es concluyente

Santander, 11 dic.- El Defensor del Pueblo, en respuesta a una queja de UGAM-COAG sobre las posibles afecciones que podría causar el 'fracking' en espacios protegidos, ha considerado que la valoración del Ministerio de Industria sobre el impacto que esta técnica tendrá en el sector energético "no es concluyente".

Es una de sus conclusiones basándose en la información que le ha remitido el Ministerio, al que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió el pasado febrero que le diera información sobre el permiso de investigación Luena, en Cantabria, que justificase el uso de esa técnica, después de la queja planteada por la organización agraria.

El Ministerio indica que resultaría justificado el uso del 'fracking' por la importancia del suministro energético, así como por una posible generación de actividad económica y pone como ejemplo el desarrollo energético existente en la actualidad en Estados Unidos unido al uso de esta técnica.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo señala que "la valoración proporcionada no es concluyente" en cuanto a la aportación al sector energético que supone en España la explotación de gas no convencional mediante el empleo de fractura hidráulica, en relación con los riesgos para la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente.

Y considera que "los datos sobre la economía estadounidense no son extrapolables a la española ni cabe esperar que los efectos sobre el sector energético sean los mismos".

El Defensor del Pueblo se pregunta cómo puede ser que se estén tramitando permisos que incluyen el uso del 'fracking' sin que se conozca de manera concluyente el impacto sobre el sector energético de la explotación de gas no convencional y sin que esté acreditado que existan soluciones técnicas para minimizar los impactos de esta técnica con niveles de riesgos que sean similares al de las convencionales.

Respecto a la necesidad de aprobar una norma que regule la evaluación de la fractura hidráulica, el Ministerio de Industria señaló que era innecesaria, puesto que entiende que el 'fracking' sería una técnica análoga a otras a la que debe aplicarse el régimen de evaluación ambiental y control exigible a cualquier otra actividad de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

La defensora del Pueblo sostiene que, "por el contrario", el empleo de la fractura hidráulica en España y en el resto de los países de la Unión Europea ha generado un amplio debate referido a sus efectos ambientales, ya que la explotación de gas no convencional mediante la fractura hidráulica presenta singularidades.

Entre ellas cita el volumen de recursos hídricos necesarios para la fractura y la presencia de sustancias tóxicas en los fluidos de inyección, incluido el metano y sustancias radiactivas que no se recuperan y que contaminan el suelo y los acuíferos.

En cuanto a la información ambiental aportada por el Ministerio de Industria respecto al permiso Luena, el Defensor del Pueblo se muestra disconforme en tanto que en la información recibida se enumeran de manera genérica las medidas que deben adoptarse en el empleo de esta técnica para evitar los riesgos pero no se describen ni se precisan para el caso concreto.

El Defensor del Pueblo señala que tampoco se aportan datos que incidan en la adopción de dichas medidas, tales como las sustancias que forman parte de los fluidos de inyección o el volumen de recursos hídricos necesarios.

Otra consideración del Defensor del Pueblo es que, cuando le solicita al Ministerio de Industria datos relativos a la divulgación de información ambiental relacionada con el permiso Luena, únicamente se le aporta información acerca de la participación en el procedimiento de evaluación ambiental del permiso.

Por este motivo, señala que no son esos datos los que se pedían sino los referentes a la obligación de las administraciones públicas de divulgar activamente información ambiental.

Y apunta que, aunque el Ministerio dice que va a realizar modificaciones en su página web para informar acerca del número de pozos y el número de autorizaciones que se otorguen, esto "no parece suficiente para atender el debate público sobre la fractura hidráulica".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Industria información adicional.