Bogotá, 2 dic.- Una misión internacional de defensores de los Derechos Humanos (DD.HH.) pidieron hoy al Gobierno colombiano que haga públicos todos los documentos clasificados del archivo de la anterior agencia estatal de inteligencia, el DAS, desarticulada por un escándalo de escuchas ilegales.
Este grupo, conformado por cuarenta activistas de 15 países del mundo, recorrieron Colombia durante esta semana para verificar cuál es la situación de los defensores de DD.HH. en el país andino, donde detectaron un uso incorrecto de la información de inteligencia.
"En este sentido solicitamos la desclasificación y apertura al público de los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central estatal de inteligencia), siguiendo el ejemplo de otros países de la región", reclamó en una rueda de prensa el abogado canadiense Denis L'Anglais.
El DAS desapareció por decreto el pasado 1 de noviembre, poniendo fin a 58 años de vida de este organismo que en los últimos años se ha visto salpicado por escándalos de escuchas y seguimientos ilegales contra opositores, defensores de DD.HH., magistrados y periodistas, así como de vínculos con paramilitares.
Las funciones del DAS fueron transferidas a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, así como a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría (Ministerio Público), donde quedaron depositados los archivos secretos.
La misión le pidió al titular de la cartera del Interior, Germán Vargas Lleras, la publicación de estos documentos clasificados, aunque, según el portavoz de Presidencia y Justicia en la Asamblea de Madrid, Mauricio Valiente, "no hubo una respuesta clara al respecto".
En nombre del grupo, Valiente consideró que dicha información afecta no sólo a la seguridad de los defensores de DD.HH., sino también a su propio trabajo, por lo que es "fundamental" que no desaparezca y se use para "evitar ese mal uso de la inteligencia".
Además, el abogado canadiense denunció que las informaciones de inteligencia estatal se están usando en Colombia como evidencias en procesos penales y enfatizó: "La inteligencia estatal no es una prueba en el sistema judicial, pero se utiliza".
Esta petición es una más en una serie de recomendaciones que el colectivo le hizo al Gobierno de Colombia después de hacer un análisis basado en testimonios de defensores de los DD.HH. en las regiones y de conversaciones con funcionarios de varios organismos del Estado.
Este repaso responde al aumento del 60 % en las amenazas que vivieron estos actores, según el Sistema de Información sobre Agresiones a Defensoras y Defensores (Siaddhh), del programa Somos Defensores.
Según el informe de estos defensores, entre julio de 2010 y mayo de 2011 ha habido en Colombia 255 agresiones, de las que 54 fueron asesinatos.
El grupo pidió que "el presidente de la República (Juan Manuel Santos) y altos funcionarios se abstengan de estigmatizar a los defensores y defensoras como afiliados a grupos guerrilleros. No es el caso", señaló L'Anglais, quien hizo extensiva esta solicitud a militares y trabajadores regionales públicos.
Además pidió que se ponga fin "a la judicialización sin fundamento, lo que se llama los 'falsos jurídicos'" con argumentos que no encajan con la realidad de un hecho delictivo padecido por un defensor, así como que se desestimen los testimonios de informantes "de dudosa credibilidad".
Recomendaron asimismo que se elaboren programas de protección oficial especializados para cada grupo de riesgo y se garantice que "los escoltas y conductores no tengan o hayan tenido ningún vínculo con grupos armados ilegales. Es de conocimiento público que los desmovilizados se reinsertan en agencias de servicios de seguridad".
Por último, confiaron en que el Estado colombiano ponga en práctica estas recomendaciones, que, como dijeron, se suman a otras propuestas desde otras plataformas.
También hacen parte de este grupo el fundador de la Organización Mundial Contra la Tortura, el suizo Eric Sottas, la argentina Madre de la Plaza de Mayo Mirta Acuña de Baravalle, el líder angoleño Joao Malavindele y el abogado paraguayo Martín Almada, entre otros.
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