Del calabozo a la Naturaleza: polémica detención de líder indígena en Colombia

"¿Por que una justicia indígena reconocida por la Constitución acaba atropellada por la justicia blanca?", dice a la AFP Valencia, preso en un centro penitenciario en el resguardo Munchique Los Tigres de los indígenas nasa en el departamento del Cauca, unos 50 km al norte de la ciudad de Cali (oeste).

Allí, Valencia asegura que recupera junto con los viejos médicos de la comunidad "la energía y los espíritus" que perdió en la cárcel.

"Estoy recuperándome de los traumas que deja estar en esos centros: muros, rejas, candados y guardias armados. Es un sistema para aislar a las personas", afirma, rodeado de los bosques de los Andes colombianos.

"Acá es un espacio abierto, estamos en la madre naturaleza, en un ambiente digno para no terminar traumatizado", agrega en referencia al centro en el que conviven 13 presos indígenas.

Mientras esté allí, deberá realizar labores comunitarias, de educación y agricultura.

"Algunos lo ven como un centro de veraneo, pero sigo estando preso", dice Valencia, que llegó al reclusorio el viernes pasado tras pasar 54 en la prisión de Santander de Quilichao.

"He sido condenado a 16 años, lo que es un atropello a los derechos de los pueblos indígenas y a la justicia indígena, las tradiciones y la autonomía que hemos construido durante estos años", enfatiza este dirigente indígena, Premio Nacional de Paz en 2000 por sus esfuerzos por la convivencia pacífica en el Cauca, zona roja del conflicto armado que sufre Colombia desde hace más de medio siglo.

La jurisdicción indígena está garantizada por la Constitución de Colombia, que permite a las comunidades juzgar y castigar los delitos sucedidos en su territorio según los usos y costumbres de cada uno de los 102 pueblos nativos, siempre y cuando no contravengan la Carta Magna.

Tras siete años de juicio, Valencia fue condenado, luego de ser absuelto en primera instancia, por el secuestro y tortura de un cabo del Ejército durante una protesta en una zona de jurisdicción indígena en octubre de 2008.

"Como estaba involucrado un soldado, un fuero militar entra en escena y se produce un choque de competencias", dice Valencia mientras abraza sonriente a una veintena de visitantes que se acercan a saludarlo.

Organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos piden la liberación de Valencia, que depende ahora de un recurso ante la Corte Suprema.

"Feliciano es inocente. El delito del que es acusado no es delito para nuestra jurisdicción", dijo a la AFP José Libardo Valencia, gobernador del resguardo donde se encuentra el centro penitenciario Gualanday, llamado "centro de armonización".

Las autoridades penitenciarias del Estado lo supervisarán cada 15 días.

En Colombia hay un millar de indígenas en cárceles convencionales, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que hace que los dirigentes de los pueblos nativos teman por su autonomía.

"La justicia ordinaria está volviendo delito el gobierno propio y terminan condenándonos", lamenta Valencia, quien asegura que su preocupación no es su propia condena.

Exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que nuclea a los pueblos nativos del departamento, Valencia es conocido por su trenza y su bigote, que perdió durante el encarcelamiento, y se define como pacífico en las formas, pero radical en sus propósitos.

"Yo puedo ir a la cárcel, pero qué hacemos si la justicia va a seguir actuando sobre cualquier indígena como en mi caso", se interroga.

Los nasa, la comunidad a la que pertenece Valencia, han bregado por mantener fuera de su territorio a los distintos actores de la conflagración interna, como guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y narcotraficantes.

"Quienes podemos decir que tenemos una propuesta de paz con elementos concretos y contundentes somos los indígenas", afirma Valencia. "Todo este ejercicio está en riesgo si nuestros derechos no están garantizados", agrega.

Según el dirigente, cualquier grupo que ponga en riesgo la integridad física, cultural y tradicional de la comunidad tiene que quedarse fuera del territorio, sean quienes sean.

Las reservas indígenas ocupan un 30% del territorio colombiano, según la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC), y su población alcanza 1,4 millones de personas en un país que cuenta con 48 millones de habitantes.

El país vive una conflagración interna de medio siglo que ha dejado ya unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados. La población indígena es uno de los grupos más perjudicados por este conflicto, según Naciones Unidas.

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