Madrid, 28 may.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, está estudiando medidas para evitar que en el barrio madrileño de Lavapiés se produzcan incidentes como los ocurridos ayer, y ha denunciado que las denominadas Brigadas Vecinales hacen una "dura presión a la policía" que es "inaceptable".
Cifuentes se ha referido, en declaraciones a Efe, tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Cecoma, al incidente ocurrido ayer cuando dos policías municipales identificaba a un vendedor ambulante de origen senegalés, lo que provocó que varias personas agrediesen a los agentes, que efectuaron al menos dos disparos al aire.
La delegada ha ofrecido su apoyo a la Policía Municipal de Madrid, que según ha recordado no depende de la Delegación sino del Ayuntamiento, y se ha mostrado segura de que "cuando han actuado de esta manera lo hicieron de una forma defensiva y correctamente".
Ha recordado que no es la primera vez que en el barrio de Lavapiés se producen altercados cuando la policía trata de identificar a personas, que ha relacionado con las denominadas Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que suelen denunciar supuestos controles indiscriminados a extranjeros.
"La Policía cumple con su obligación en Lavapiés y en el resto de los barrios, y desde luego estas llamadas Brigadas Vecinales están haciendo una dura presión contra la Policía, lo que es completamente inaceptable", ha sostenido, y ha anunciado que la Delegación del Gobierno está estudiando "qué medidas se pueden tomar para afrontar esta situación".
Cifuentes ha explicado que en Lavapiés "efectivamente hay que tomar algún tipo de medida, porque tiene una problemática muy específica", y ha aseverado que "lo que no puede ser, de ninguna de las maneras, es que bajo la denominación unas brigadas ciudadanas que no sé exactamente que es lo que pretenden querer hacer, la Policía no pueda ni siquiera entrar al barrio a cumplir con su obligación, que es garantizar la seguridad y el orden público".
Ha recordado que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha prohibido las denominadas redadas masivas de inmigrantes, para evitar que sean detenidos "por el hecho de serlo", y ha sostenido que "lo que tampoco puede ser es que pasemos al extremo contrario".
Se ha preguntado si "ahora resulta que la policía no va poder detener a alguien que presuntamente está realizando una actividad ilícita porque sea inmigrante", lo que ha considerado "completamente intolerable".
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