Washington, 28 oct.- Activistas de Cuba, Venezuela y El Salvador denunciaron hoy en Washington la "criminalización" de líderes sindicalistas en esos países, al asegurar que éstos son víctimas de represión y actos de violencia por ejercer sus derechos.
Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los peticionarios describieron con cifras y ejemplos lo que calificaron como graves violaciones a la libertad sindical, consagrada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En Cuba "se violan los derechos fundamentales laborales y, por ende, humanos" y los actos de "hostigamiento y acoso" contra líderes sindicalistas independientes "han incrementado de manera significativa", dijo Aníbal Cabrera, del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC).
Al igual que en otros años, Cabrera señaló que en Cuba el "derecho a la negociación colectiva no está reconocido" y que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) mantiene un "monopolio" en la representación de trabajadores en la isla.
La "ofensiva" contra sindicatos independientes "gana intensidad aunque varían los métodos", denunció Cabrera, al enfatizar que en su país "no hay espacio a la clandestinidad" y los sindicalistas independientes realizan sus actividades "con riesgo".
Por su parte, Marino Alvarado, director general del Programa Venezolano de Educación (PROVEA), denunció lo que describió como la "judicialización de la libertad sindical", o el establecimiento de juicios penales contra sindicalistas "por ejercer su función de sindicalistas".
Según Alvarado, 120 sindicalistas han sido sometidos a juicio en lo que va del año en Venezuela, y en los últimos cinco años 273 sindicalistas o trabajadores asociados con los sindicatos han sido asesinados, en la mayoría de los casos por "conflictos intersindicales".
Alvarado denunció el alto índice de impunidad ya que "menos del cinco por ciento de los casos han sido investigados" o castigados.
Entre los casos emblemáticos citados por Alvarado figura el del dirigente sindical Rubén González, quien recibió una sentencia de ocho meses en prisión por convocar una protesta.
El dirigente de PROVEA pidió que el Estado venezolano "garantice el pleno ejercicio de la libertad sindical", deje de promover "sindicatos paralelos" y respete el "foro sindical".
Asimismo, pidió que las empresas estatales cesen el despido de sindicalistas y recomendó que haya diálogo con la dirección sindical "para canalizar los reclamos del sector laboral".
Mientras, la abogada Jessica Vásquez, del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), dijo que el Estado salvadoreño "ha limitado de forma sistemática la libre sindicalización y negociación colectiva".
En ese mismo sentido se pronunció Roswal Solórzano, del salvadoreño Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), al enumerar casos de despido o suspensión de dirigentes sindicalistas en el sector público.
A manera de resumen, Alvarado dijo que los casos presentados por los peticionarios ante la CIDH dejan en claro que, al menos en esos países, existe la "criminalización" de los sindicalistas independientes y eso requiere medidas correctivas.
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