Diputados opositores insisten en juicio político a vicepresidente argentino

Buenos Aires, 15 may.- Diputados opositores insistieron hoy en reactivar un proceso de juicio político con fines de destitución contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou, a quien un fiscal federal acusa de enriquecimiento ilícito.

Los cargos presentados el lunes contra Boudou y otras personas por el fiscal Jorge Di Lello agravan la presunción de "mal desempeño" del vicepresidente, dijo el diputado Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, formado por disidentes del Gobierno peronista de Cristina Fernández.

Boudou "debería pedir licencia hasta que se aclare su situación", afirmó el legislador a la radio bonaerense Continental.

Amadeo se lamentó de que el mayoritario grupo de legisladores oficialistas frenara una petición de juicio político presentada por opositores en la Cámara de Diputados en abril pasado, cuando el vicepresidente fue involucrado en una causa judicial por tráfico de influencias.

"Los hechos sucedidos con posterioridad a nuestra presentación de juicio político pueden ser considerados nuevas causales de mal desempeño, motivo por el cual ampliamos la petición", explicó.

El juicio político de Boudou es reclamado además por diputados de la conservadora Propuesta Republicana (Pro) y de fuerzas aliadas al grupo de legisladores disidentes del peronista Frente para la Victoria, en el Gobierno.

Además de Boudou, el fiscal Di Lello imputó de enriquecimiento ilícito al empresario Alejandro Vandenbroele, al abogado José María Núñez Carmona y a la periodista Agustina Kampfer, novia del vicepresidente.

El juez federal Ariel Lijo había dado vista al fiscal de una denuncia del periodista Christian Sanz para que se investigue "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou y allegados.

Lijo instruye además unas actuaciones en la que el vicepresidente está señalado como partícipe de una maniobra para evitar la quiebra de Ciccone, empresa que fue contratada para imprimir moneda y que pasó a manos de una firma presidida por Vanderbroele.

El mes pasado, los legisladores oficialistas también frenaron la creación de una comisión parlamentaria para investigar ese presunto caso de tráfico de influencias, como propuso la socialdemócrata Unión Cívica Radical, principal fuerza de la oposición.