Discapacidad. El cermi denuncia un "empeoramiento" en los derechos humanos de las personas con discapacidad

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, denunció este miércoles, Día de los Derechos Humanos, un "empeoramiento" en el ejercicio de estos derechos por parte de las personas con discapacidad.
Pérez Bueno presentó en Servimedia 'Derechos humanos y Discapacidad. Informe España 2013', un texto que repasa los principales aspectos que atentan contra los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre los que figuran la privación del voto a la que están sometidos unos 80.000 ciudadanos con discapacidad, o las esterilizaciones forzosas, que "siguen existiendo"
Según indicó Pérez Bueno, el informe, como el de años anteriores, constata que el ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos con discapacidad en España "empeora" desde 2008 y que lo hace por dos factores fundamentales: la crisis económica, social y financiera y la "inacción" de las administraciones públicas.
La crisis económica, explicó el presidente del Cermi, impacta en las personas con discapacidad de un modo "mucho más intenso" que en el resto de la población, lo que, a su vez, redunda en el ejercicio de derechos.
Con respecto a la "inacción", Pérez Bueno señaló que buena parte de los derechos humanos están ligados o dependen de cuantías económicas que han de estar sostenidas en medidas financieras que no llegan.
No obstante, el presidente del comité representativo de las personas con discapacidad quiso dejar claro que no todos los derechos humanos están vinculados a partidas económicas y que, aún así, muchos de ellos no se cumplen.
Y no se cumplen, consideró, porque dependen de "inercias históricas heredadas", un hecho que requiere de un cambio de modelo y de una "profunda evolución normativa".
DERECHO DE SUFRAGIO
Como ejemplo de derechos humanos que no requieren de dinero para su ejercicio por parte de los ciudadanos con discapacidad, el presidente del Cermi puso el del voto, del que están privados, dijo, unos 80.000 españoles con discapacidad.
En este sentido, citó el artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala que "los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida".
El mismo artículo continúa diciendo que también los Estados Partes "adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".
Otro ejemplo de derechos que no necesitan de medidas financieras para ejercerse está en algo "tan abominable" como la esterilización forzosa a la que continúa sometiéndose a personas con discapacidad intelectual, especialmente a mujeres, o en los internamientos igualmente forzosos a ciudadanos con enfermedad mental, que "siguen existiendo".
"Nadie puede ser privado de su libertad por su enfermedad mental", afirmó Pérez Bueno, quien añadió que sí se entiende esa privación cuando la causa es la comisión de un delito.
Relacionado con la situación de los ciudadanos con enfermedad mental y el ejercicio de los derechos humanos está la modificación de las medidas de seguridad que se aplican a los ininputables, que son quienes no tienen conciencia de haber cometido un delito, prosiguió el máximo representante del Cermi.
Esta modificación se plasma en la reforma del Código Penal, en trámite parlamentario, que introduce el término de "peligrosidad social" asociado a los autores de delitos con enfermedad mental.
Por todo esto, el Cermi pide a los grupos parlamentarios que desestimen esta modificación y al Gobierno que impulse las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad privadas del derecho de sufragio puedan ejercerlo, aunque sea con apoyos si los precisan.
EL INFORME
El informe sobre derechos humanos y discapacidad relativo a 2013 evidencia que el año pasado aumentó un 33,1% el número de consultas recibidas en la Asesoría Jurídica del Cermi, que ascendieron a un total de 422, 105 más que en 2012.
De estas 422 consultas, 32 se tramitaron como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, mientras que el resto corresponden a solicitudes de información.
En cuanto a la distribución por sexos, el 60% de las consultas las realizaron hombres y el 40% restante, mujeres.