Doctrina parot. El gobierno justifica que los terroristas sin arrepentirse no cobren prestaciones asistenciales

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó este jueves que los terroristas y delincuentes peligrosos sin arrepentirse de sus crímenes y sin cumplir sus obligaciones civiles no puedan cobrar “prestaciones asistenciales”, al entender que ese beneficio debe llevar aparejados “determinados compromisos”.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría hizo estas declaraciones al ser preguntada sobre los 30.000 euros de indemnización que el Estado debe pagar a la terrorista Inés del Río tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo sobre la doctrina Parot y que el Gobierno no piensa abonar directamente.
Sáenz de Santamaría subrayó que este caso afecta a una asesina de ETA que ahora sale de la cárcel, que no se ha arrepentido de sus crímenes y que además tiene cuentas pendientes con el Estado porque no ha pagado las indemnizaciones correspondientes a sus víctimas.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó junto a la vicepresidenta que la etarra Inés del Río “debe aún” al Estado 253.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el daño causado a las víctimas de sus atentados.
Gallardón indicó que el Estado “anticipó” en su momento el dinero de indemnización a las víctimas, por lo que ahora va a “bloquear” los 30.000 euros que Del Río debe cobrar por la sentencia de Estrasburgo y “compensar” la deuda pública que tiene, de manera que se le descuente el importe por los años de más que ha pasado en prisión.
“No es que no se vaya a cumplir la sentencia, lo que se va a hacer es compensar el embargo hasta alcanzar la deuda. Esa deuda que ella tiene con el Estado se reducirá en esos 30.000 euros, pero no se le dará ninguna cantidad”, dijo el ministro.
Sáenz de Santamaría adujo que el Ministerio del Interior también pretende modificar la legislación para evitar que los terroristas que deban dinero a las víctimas o el Estado no puedan percibir “prestaciones asistenciales”.
“Si la administración pública hace un esfuerzo de solidaridad, es que a esas personas se les pueden exigir determinados compromisos como tener cubiertas sus responsabilidades civiles y arrepentirse de sus crímenes”, remachó.