Dos meses de parálisis política en Cataluña por división de independentistas

  • Dos meses después de unas elecciones regionales que les dieron una mayoría absoluta en el parlamento, los independentistas catalanes siguen sin formar gobierno por sus diferencias ideológicas mientras el ejecutivo español puso en marcha toda su artillería para frenar una hipotética secesión.

"Sin salida" titulaba este viernes su artículo diario Marius Carol, director del principal periódico catalán La Vanguardia, ante la falta de avance en las negociaciones entre los dos grupos independentistas, la coalición Junts pel Sí (con liberales e izquierdistas) y la izquierda anticapitalista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Juntos obtuvieron 72 sobre 135 diputados del parlamento regional en las elecciones del 27 de septiembre. La coalición, con 62 diputados, quiere reinvestir como presidente a Artur Mas pero para ello necesita a los diez diputados de la CUP, que se oponen a él por su liberalismo.

Para mitigar estas reticencias, Mas acordó aprobar una resolución en el parlamento el 9 de noviembre para lanzar el proceso de independencia y declarar su insumisión a las instituciones españolas, que generó discrepancias en su gobierno y el sector moderado de su partido, CDC (centroderecha nacionalista).

También propuso, sin éxito, repartir las funciones presidenciales en una especie de órgano colegiado integrado por diferentes sensibilidades políticas y someter su gestión a una moción de confianza en diez meses.

"Nos estamos moviendo para que haya un acuerdo, pero si no se mueven todos, el acuerdo es imposible", dijo el jueves Mas. El límite es el 9 de enero cuando, de no haber gobierno, el parlamento se disolvería y se convocarían nuevas elecciones, las cuartas desde 2010.

El domingo, la CUP reunirá a sus militantes para evaluar la situación pero no decidirán su posición definitiva sobre su apoyo a Mas hasta que no alcancen un acuerdo con la coalición, explicó una fuente del partido.

Entretanto, el gobierno español de Mariano Rajoy consiguió suspender a través del Tribunal Constitucional la resolución independentista y advirtió que desobedecer esa decisión podría implicar consecuencias penales para los dirigentes catalanes.

Además, reforzó su control sobre las finanzas del gobierno regional, con graves problemas de liquidez, para evitar que los fondos estatales transferidos a la región para pagar servicios básicos se destinen a fines independentistas.

"Ante las agresiones que sufrimos por el Estado tenemos en Cataluña una situación de interinidad y un gobierno no lo suficientemente fuerte (...) No es muy comprensible", lamentó Mas.

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