En concreto, el primero que se creó en 2003 fue la casa residencia 'Miguel Magone', que gestiona la Fundación Proyecto Don Bosco y que dispone de ocho plazas, actualmente ocupadas por menores procedentes de los juzgados de Menores de toda Andalucía. Asimismo, desde enero de 2016 la capital cuenta con el grupo educativo femenino 'Inuka', gestionado por la Asociación Imeris, también con ocho plazas. Desde su apertura, seis menores han pasado por este grupo.
"A través de este recurso de medio abierto, se cumple el dictamen judicial por el que el/la menor debe convivir con el grupo educativo y fuera de su ambiente familiar, proporcionándole un contexto de seguridad, protección y afecto que potencie su autonomía personal, funcional, social y laboral", ha afirmado este miércoles en una nota la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.
La metodología se basa en una atención global, intensa e individualizada dentro de un contexto social estructurado y normalizado, buscando soluciones a las carencias o excesos que tanto desde el punto de vista psicológico como de su conducta han llevado al menor ante el juez.
"El objetivo es proporcionarle un entorno socioeducativo en el que pueda desarrollar sus aptitudes y habilidades que faciliten su adaptación y reinserción a la sociedad. Todo ello, en un contexto familiar de convivencia tanto en la casa como con relación a su familia, con la que se trabaja un proceso de readaptación mutua progresiva. En definitiva, se les enseña a convivir", ha dicho.
La delegada del Gobierno andaluz, además, ha valorado los buenos resultados de esta medida, "muy demandada por las fiscalías de Menores de toda Andalucía". Según ha precisado, los índices de no reincidencia se sitúan en torno al 80 por ciento.
ACTIVIDAD
El organigrama de la casa residencia con grupo educativo masculino lo compone un conjunto de expertos psicólogos y educadores, concretamente, un director, un psicólogo, un trabajador social, siete educadores y una 'madre educadora', mientras que en el caso del femenino trabajan una directora, una psicóloga, un trabajador social y siete educadoras.
Además de las actividades que se desarrollan en el recurso (talleres educativos, convivencia reglada, seguimiento permanente de toda índole, etcétera), los menores llevan a cabo su vida cotidiana integrados en la comunidad, en sus centros de estudios o de formación y empleo, siempre con la supervisión de sus educadores.
Se hace, por supuesto, bajo la permanente supervisión y control del Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno, el juzgado y la fiscalía de Menores, a los que se les envía informes de seguimiento y de incidencias. "Hablamos de un trabajo muy coordinado y cohesionado, en el que la colaboración entre todas las instituciones es la clave del éxito", ha apostillado Cobo.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
La inmensa mayoría de los menores que cumplen medidas judiciales de convivencia con grupo educativo ha cometido delitos relacionados con la violencia doméstica (agresiones, insultos o amenazas graves en el entorno familiar), por lo que se ha convertido en un recurso especializado en este tipo de perfiles. Además, supone un porcentaje dentro del total de delitos de menores que no desciende.
En este sentido y como consecuencia de la demanda de las fiscalías y juzgados de menores, la Junta de Andalucía "ha respondido este año ofreciendo en la provincia de Jaén el nuevo centro residencia femenino y que se suma a los otros 18 que hay en toda Andalucía con 152 plazas en total".
La delegada ha justificado que esta demanda obedece a los buenos resultados del trabajo que se está haciendo. "Así lo corroboró el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, en su conferencia en la UJA el pasado mes de mayo, cuando manifestó que había que reconocer que la Junta de Andalucía está haciendo una magnífica labor en los grupos educativos", ha recordado.
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