El abogado de Garzón pide anular el juicio por el franquismo

El abogado de Baltasar Garzón ha pedido este martes al Tribunal Supremo que anule el escrito de las acusaciones populares que lo han denunciado por considerar que se excedió en su investigación sobre los crímenes del franquismo, y ponga fin al segundo juicio contra el magistrado español más internacional.

Garzón, de 56 años, afronta hasta 20 años de inhabilitación profesional si es condenado por prevaricación en un proceso sostenido solo por la acusación de un sindicato y una asociación derechistas, que presentaron sus escritos guiados por el juez instructor, aseguró el abogado defensor del magistrado, Gonzalo Martínez Fresneda.

"Los escritos primigenios (de la acusación) eran inválidos, lo que procedía era declarar nulas las resoluciones", dijo ante el tribunal Martínez Fresneda.

"El (juez) instructor (Luciano Varela) vulneró normas básicas del procedimiento y perdió su imparcialidad", agregó.

Garzón, que intervendrá el martes 31, está a la espera de sentencia por otro caso - ordenar las escuchas en prisión de los presuntos cabecillas de la trama de corrupción Gürtel con sus abogados -, una situación calificada de insólita por los abogados de un magistrado que es un símbolo para los defensores de los derechos humanos por sus investigaciones sobre crímenes contra la humanidad.

El juez Varela, además, forma parte del tribunal que tiene que pronunciarse sobre las escuchas de la Gürtel, lo que le valió una recusación infructuosa por parte de la defensa de Garzón.

Unas 300 personas se congregaron ante la sede del Supremo en Madrid para mostrar su apoyo al juez y su indignación con el proceso.

"Tenemos memoria, queremos justicia" o "Fuera fascistas del Tribunal Supremo" fueron algunos de los lemas que corearon, poco antes del inicio de una vista en la que por primera vez en España ha habido observadores internacionales en el Supremo.

El sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad consideran que Garzón se excedió en sus competencias y sobrepasó la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 abrió una investigación sobre la desaparición de más de 114.000 personas durante la Guerra Civil y los 36 años de régimen franquista.

El abogado del magistrado pidió que el tribunal aplique la llamada "doctrina Botín" - establecida por el Supremo cuando decidió no juzgar al presidente del Banco Santander en un caso en el que solo había acusación popular - y al igual que la fiscalía - que consideró "insólita" la actuación del juez instructor - solicitó el sobreseimiento de la causa.

González-Fresneda indicó incluso que el escrito de Manos Limpias "fue un corta y pega del auto del instructor".

"Despropósito"

El caso también ha sido denunciado por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.

"¿Cómo puede ser que en este país, que está lleno de fosas comunes por doquier, a nadie le preocupe eso?", preguntó Hugo Relva, consejero jurídico del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, en una conversación con Reuters. "Aquí el Estado se lava las manos".

"Eso que ha hecho el juez Garzón, investigar violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es sencillamente una obligación de Derecho internacional que pesa sobre el Estado español", dijo el lunes, calificando el proceso de "despropósito".

Garzón saltó a la fama mundial en 1998, cuando trató de extraditar al dictador chileno Augusto Pinochet desde Reino Unido, y desde entonces se ha convertido en un paladín de las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en el mundo, lo que ha añadido controversia a un personaje que en España desata odios y pasiones.

El magistrado está suspendido temporalmente de su puesto en la Audiencia Nacional desde hace casi dos años, lo que le llevó a irse al extranjero - ha trabajado para la Corte Penal Internacional y ahora lo hace para la Organización de Estados Americanos en Colombia.

El miércoles, el tribunal decidirá sobre las cuestiones planteadas por la defensa, y el juicio se reanudará el martes 31 con la declaración inicial del acusado. Se espera que el proceso se prolongue unas dos semanas, con la declaración de unos 20 testigos propuestos por la defensa procedentes de asociaciones de la memoria histórica, después de que el tribunal rechazara la comparecencia de personalidades vinculadas con la justicia internacional.

Durante su celebración podría conocerse la sentencia sobre el caso de las escuchas de Gürtel. Garzón ya ha dicho que en caso de ser condenado apelará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que ya demandó al Supremo español por considerar que al procesarle atacaba la independencia de los jueces.