Los que pensaban que el caso Faisán se iba a terminar con una sentencia del Tribunal Supremo no iban bien encaminados. La resolución judicial parece ser solo el principio de un nuevo capítulo de este proceso judicial que ya se alarga más de ocho años desde que el 4 de mayo de 2006 se produjo el chivatazo a ETA en Irún y que probablemente se estire unos meses más.
Tras la resolución del alto tribunal español, las defensas de los condenados –los policías Enrique Pamies y José María Ballesteros– anunciaron que interpondrían un recurso ante el Constitucional. Mientras ponen este recurso, ambos han decidido mover ficha para evitar ser expulsados del cuerpo. De ahí que hayan decidido solicitar al Gobierno el indulto y a la Audiencia Nacional la paralización de la ejecución de la sentencia, extremo que aún no ha sido decidido por este último tribunal.
En la instancia interpuesta por Ballesteros ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para pedir la medida de gracia, el policía que el Supremo considera que entregó el teléfono –a través del que se dio el chivatazo– argumenta que él no podría haber cometido ningún delito, pues –dando por buenos los hechos probados en la resolución judicial– no hay pruebas de que conociera lo que su jefe le decía a Joseba Elosúa –dueño del bar Faisán y presunto colaborador de ETA– por el móvil aquella mañana del 4 de mayo.
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Esta declaración ha sido entendida por algunos medios (entre ellos, el diario El Mundo) como un reconocimiento expreso por parte de Ballesteros de que él entregó el teléfono, cosa que desde el principio fue negada por el hoy condenado. La confusión ha provocado la reacción de su abogado, José Luis Vegas, quien en declaraciones a Seguridad y Tribunales trata de aclarar el malentendido.Ciñéndose a la sentencia
"Mi cliente no ha reconocido que le haya dado el teléfono, su posición no ha variado ni un ápice respecto a la que ha mantenido desde el principio; solo dice que, ciñéndose a la verdad jurídica marcada por la sentencia, no existen pruebas que demuestren que él conocía el mensaje que se dio a través del móvil", recalca Vegas.
Con el fin de dejar que sea el lector quien juzgue, reproducimos la parte del escrito presentado por Ballesteros que alude al punto que ha generado la polémica: "Ciñéndome a los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, y al recurso de casación presentado, me limito a cumplir un cometido policial, la orden de un superior, no solo de un superior, sino del jefe superior de Policía del País Vasco, pero evidentemente sin conocimiento alguno del cometido, sin conocimiento de la zona, sin conocimiento de la gente y sin más información que la de ir a un sitio y hacer entrega de un terminal móvil".
En otro punto del escrito, Ballesteros solicita literalmente no ser expulsado del cuerpo por "un delito que no ha cometido" y que supondría "hundirle en la más absoluta de las miserias morales tanto a él mismo como a toda su familia".
Por su parte, la defensa de Pamies también ha elevado ya su petición de indulto ante el departamento de Gallardón. En este caso, el exjefe superior de Policia se limita a señalar sus méritos en la lucha antiterrorista y el servicio público prestado durante su carrera profesional.Por otro lado, según contó Seguridad y Tribunales la pasada semana, un grupo de funcionarios ha comenzado a recoger firmas de apoyo a los dos policías y a la petición de indulto.Expulsión del cuerpo
Pamies y Ballesteros fueron condenados por la Audiencia Nacional en sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión (que probablemente no cumplirán) y a cuatro años de inhabilitación profesional por revelación de secretos. La ejecución de la sentencia conllevaría automáticamente la expulsión del cuerpo de ambos profesionales, que no podrían volver a ejercer.
Ni la Audiencia ni el Supremo consideraron que hubiera pruebas para inculparles también por colaboración con banda armada, como solicitaban las acusaciones particulares (AVT, Dignidad y Justicia y PP).Ambos tribunales siguieron el criterio del fiscal del caso, Carlos Bautista, que reclamó condenar únicamente por revelación de secretos, en contra del criterio ordenado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que sí pretendía sumar la colaboración con banda armada.
Ambos tribunales consideran probado que Ballesteros entregó un teléfono móvil a Elosúa el 4 de mayo de 2006 y que al otro lado del terminal estaba Pamies, quien –según la sentencia– comunicó en ese momento al dueño del bar Faisán y presunto colaborador de ETA que la Policía estaba a punto de llevar a cabo una operación contra el aparato de extorsión de la banda, con el que Elosúa mantenía contactos.
El chivatazo frustró la operación que iba a tener lugar y que dirigía el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, ya que, nada más recibir la llamada, Elosúa corrió a avisar a su enlace de ETA en Francia, José Antonio Cau Aldanur, que tenía previsto cruzar la frontera para recibir dinero de la extorsión y que finalmente –tras ser informado por el dueño del Faisán– evitó pasar a España.
Durante todo el proceso judicial, tanto Ballesteros como Pamies han negado reiteradamente su implicación en los hechos. El primero ha reconocido que estuvo en la zona y que intercambió varias llamadas telefónicas con el segundo, pero que no tuvo nada que ver con la entrega del terminal a Elosúa. El segundo también ha admitido que envió a Ballesteros allí, pero que lo hizo para comprobar que no había demasiados efectivos, pues tenía que encontrarse con un confidente.
De hecho, el confidente declaró en el juicio respaldando la versión de Pamies. Además, en las dos declaraciones realizadas por Elosúa –único testigo que pudo ver la cara de quien le entregó el móvil– en la Audiencia Nacional, el propietario del Faisán negó que fuera Ballesteros quien le dio el teléfono.
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