El alcalde de Las Palmas pide que los regidores puedan nombrar en su gobierno a ediles no electos

Madrid.- El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha pedido hoy que, a partir de mayo de 2011, los regidores de las ciudades más pobladas puedan designar miembros de la Junta de Gobierno a personas que no hayan formado parte de las listas electorales.

Saavedra ha reclamado un marco legal distinto, en la Carta Local que se prevé aprobar en esta legislatura, para que los gobiernos municipales de las ciudades más grandes se puedan configurar igual que los Ejecutivos central y autonómico, que pueden incorporar a ministros y consejeros que no forman parte de las candidaturas con las que concurren a las elecciones.

"Los criterios de empresa, en fin, deberán entrar en la futura Carta Local", ha argumentado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, durante la conferencia "Alternativas viables, avances sociales: una experiencia municipal", que ha pronunciado en el Club Siglo XXI.

Ha reivindicado un cambio radical de la legislación local y del empleado público, al considerar que la actual "no sirve" porque "sólo estrangula y asfixia al Ejecutivo", al tiempo que ha estimado que es necesario arriesgarse y apostar de verdad por un cambio, especialmente para aquellas ciudades con un número importante de habitantes.

En su intervención, Saavedra ha señalado que la financiación de las corporaciones locales es uno de los asuntos urgentes que exige un pacto de Estado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y todos los partidos con representación parlamentaria.

Además, ha solicitado que se tengan en cuenta los intereses de las haciendas locales, en el momento de abordar reformas en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, dentro de los nuevos Estatutos.

La situación de los más de 8.000 ayuntamientos españoles es "dramática" ante 2011, ha subrayado el alcalde, quien ha apuntado que "en un año electoral, no hay tiempo para aplicar un tercer Plan E" y ha agregado que "no es un año para inversiones, sino para mantener los servicios imprescindibles y pagar al personal funcionarial y laboral".

Antes de reformar la financiación local, ha pedido que se identifiquen y se tengan en cuenta las competencias que las entidades locales ejercen de forma impropia.

En este ámbito, ha añadido, "quienes tienen la palabra son las comunidades autónomas, pues tratándose de competencias de las que ellas son titulares es, práctica y constitucionalmente posible, resolver el problema por ley estatal".