El bng aboga por la supresión de la pensión parlamentaria y del plan privado para diputados y senadores

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, se pronunció hoy a favor de la supresión del complemento de pensiones para los parlamentarios y también del "plan de previsión social" privado del que se benefician diputados y senadores.
Esa es una principales propuestas que Jorquera explicita en una carta de respuesta a la que envió a los grupos parlamentarios el presidente de la Cámara Baja, José Bono, para que expresaran su postura en relación al régimen de pensiones parlamentarias y las incompatibilidades de sus señorías.
El BNG recuerda que el sistema de complemento de las pensiones para diputados y senadores tuvo su razón de ser para los parlamentarios de las primeras legislaturas que, en muchos casos, estuvieron en el exilio durante la dictadura y no pudieron cotizar.
Ahora, indica Jorquera en su misiva, "dicha medida debe ser suprimida". "Debe también afrontarse la supresión del denominado Plan de previsión social, que no es otra cosa que un plan privado de pensiones" a cuya cancelación se deberán reintegrar al Congreso las cantidades despositadas.
En materia de incompatibilidades, el BNG recuerda que aunque la LOREG sólo admite la dedicación absoluta, "se han ido admitiendo excepciones, que han sido notorias y públicas, y han causado cierta alarma social".
Por eso, aboga por que "se ahonde en el establecimiento de una reglamentación estricta y rigurosa del mismo, que refuerce el principio de dedicación absoluta con una prohibición total al ejercicio de cualquier otra actividad de carácter privado remunerada".
Solicita también que aquellos cargos públicos que tengan, además, responsabilidades orgánicas en sus respectivos partidos sólo perciban remumeración por su cargo institucional.
Jorquera pide a Bono que se aborden los cambios legales para poder realizar la publicación de los bienes patrimoniales y rentas de diputados y senadores, que se depositan en los registros establecidos ya legalmente sin carácter público.
El BNG aboga también por "modificar el estatus de los expresidentes del Gobierno" para poder exigirles la "renuncia" a la asignación pública "en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas". Esta medida afectaría directamente a Felipe González y José María Aznar, que perderían la asignación de 80.000 euros anuales de la que ahora disfrutan.
Jorquera insiste en "una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad con posterioridad al período de ejercicio del cargo público". Finalmente, son favorables a ampliar el conflicto de intereses a aquellos casos en los que se pretenda realizar una tarea de asesoría o consultoría especial de empresas privadas.