El bng quiere endurecer las incompatibilidades para los expresidentes de gobierno

El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno revise la vigente normativa sobre conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración pública, con el objetivo de endurecer el régimen de incompatibilidades que afecta a los expresidentes del Ejecutivo.
La iniciativa es una respuesta a la contratación de los expresidentes José María Aznar y Felipe González, que han sido fichados por Endesa y Gas Natural al tiempo que perciben cada uno cerca de 80.000 euros brutos anuales de los Presupuestos Generales del Estado en calidad de retribución vitalicia por el cargo desempeñado.
El BNG considera que se debe restringir el régimen de incompatibilidades y demanda al Gobierno una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas con posterioridad al periodo de ejercicio del cargo público, "ampliando los periodos de limitación vigentes desde que se ha producido el cese".
También pide que se amplíen las situaciones legales en las que existe incompatibilidad o conflicto de intereses a "aquellos supuestos en los que se realizan asesorías o consultorías especiales a los órganos de dirección y administración, o se participe como miembro o asesor especial en dichos órganos, de empresas privadas cuya actividad está relacionada con el ámbito de competencias ejercido desde el ámbito público".
En un tercer punto, el diputado del BNG requiere que se modifique el estatus reglamentario de los "ex presidentes del Gobierno, exigiendo la renuncia a las prerrogativas consignadas en la actualidad -salvo las vinculadas a garantizar su seguridad- en caso de que ejerzan actividades remuneradas por cuenta de empresas privadas".
ÉTICA DISCUTIBLE
Jorquera alude al régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración, señalando que "ha ido ampliando su radio de acción, abarcando también situaciones en los que la incompatibilidad de intereses no es simultánea, sino anterior o posterior al ejercicio del cargo".
Reconoce que la normativa experimentó una evolución "desde un enfoque más rectrictivo", aunque "aún se permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible".
En este sentido, afirma que el régimen regulador sobre las incompatibilidades "está intimamente relacionado con el ejercicio transparente de las funciones públicas y la promoción de la ética en la actividad política al servicio de los ciudadanos".
Jorquera alega que "pueden hacer pensar a los ciudadanos que se adoptan decisiones guiadas por una influencia indebida que deriva del hecho de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones que se han tomado en el ejercicio da las mismas".
Para el diputado del BNG, la regulación debe ser ampliada no sólo para "minimizar las situaciones reales o potenciales que encierran un conflicto entre la actividad pública y el interés privado", sino para elevar las exigencias éticas en el ejercicio de la actividad política, "antes, durante y después de cuando se ostentan responsabilidades públicas" para reforzar la calidad democrática del sistema político.