Santiago de Chile, 5 ago.- Solo el Consejo de Estado de Chile y los abogados de los seis militares retirados procesados pueden cambiar la decisión de un juez de cerrar la investigación sobre las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el extranjero, sin procesar a nadie de la familia del dictador.
Según confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales, el juez Manuel Antonio Valderrama notificó el pasado 1 de agosto esta decisión sobre el llamado caso Riggs, que puede ser recurrida en los próximos quince días por el Consejo y los abogados defensores.
A consultas de Efe, fuentes del CDE dijeron que no pueden informar con antelación a los medios sobre qué decisión van a tomar.
"El sumario, a juicio del tribunal, ya se encuentra con todas las diligencias agotadas. Por lo tanto, se procedió a cerrar dicho proceso", argumentó hoy ante los periodistas el juez Valderrama, cuya labor ha sido criticada por los querellantes.
"Es satisfactorio saber que finalmente la justicia determina que no se cometió ningún acto ilícito", declaró a Radio Cooperativa Rodrigo García Pinochet, nieto del dictador, que consideró el caso "una venganza política por la figura y la obra" de su abuelo.
En 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tienen una justificación contable.
La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos reveló la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.
Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el "caso Riggs" por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador (1973-1990) por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.
Esa medida benefició, entre otros, a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, a sus cinco hijos, a su antiguo albacea, Óscar Aitken y al contable José Sobarzo.
En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Valderrama.
"En algún momento el ministro Sergio Muñoz investigó bastante. Después, cuando se sacó al ministro Carlos Cerda, la causa decayó y se investigó muy poco", dijo hoy a Radio Cooperativa el abogado Alfonso Insunza, querellante en la causa.
"Hubo desvío de millones de fondos reservados del Ejército y de la Presidencia de la República a cuentas secretas que se pusieron o a nombre de Pinochet o a nombre de sus secretarios privados", manifestó por su parte la también abogada querellante Carmen Hertz.
El pasado enero Valderrama decidió cerrar una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.
Con ello quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal y el ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.
Así, solo permanecen firmes seis de los procesamientos por malversación, los de los generales retirados Ramón Castro, Jorge Ballerino y Sergio Moreno Saravia, y los de los coroneles en igual situación Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean.
Los dos primeros fueron quienes presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que Moreno Saravia está procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.
En tanto, a los coroneles retirados, en su calidad de antiguos secretarios privados de Pinochet, se les acusa de hacer diversas gestiones para transferir dinero, abrir y cerrar cuentas y ocultar la existencia de éstas.
Todos ellos podrían ser condenados a penas que van entre los cinco y los diez años de prisión.
"En un país en que los poderes fácticos siguen actuando y actuaron durante los (años) 90 y durante la década del 2000 nunca vamos a saber cuál fue el verdadero enriquecimiento ilícito de Pinochet y el destino de estas platas", se quejó la abogada Carmen Hertz.
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