Bogotá, 18 mar.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) abrió hoy su periodo extraordinario de sesiones en la ciudad colombiana de Medellín con el análisis del presunto cese arbitrario de ocho vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador en 2004.
Esta corte, que depende del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), conocerá este caso entre hoy y mañana y después revisará asuntos sobre Chile y Bolivia hasta el próximo viernes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en 2011 la querella contra Ecuador que ahora lleva ante la CorteIDH, al considerar que el Congreso ecuatoriano hizo en 2004, a través de una resolución, un cese "arbitrario" de los ocho funcionarios, pues este mecanismo no estaba previsto ni en la Constitución ni en la ley.
Después que los vocales magistrados fueron cesados en sus cargos el 2 de diciembre de 2004, el Congreso ecuatoriano resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los votos necesarios para adoptar una moción de censura.
La CIDH señaló que, asimismo, "en virtud de una convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del entonces Presidente de la República (Lucio Gutiérrez), el 8 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional procedió a realizar una segunda votación respecto de los juicios políticos decididos en la sesión de 1 de diciembre de 2004, mediante la que se adoptó una moción de censura".
En esta situación "las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse; y no tuvieron a su disposición un recurso judicial efectivo que les amparara frente al actuar arbitrario del Congreso Nacional", consideró la comisión.
El agente del Estado ecuatoriano ante la CorteIDH, Alonso Fonseca, advirtió a los jueces que "no se deben valorar otras circunstancias de temporalidad distintas al marco fáctico que compone el caso", al tiempo que expresó el compromiso de su país para "cumplir los preceptos" del tribunal.
Por su parte, una de las supuestas víctimas, Osvaldo Ceballos Bueno, observó que en la acción del cese "ilegítimo e inconstitucional" se detectó un "afán político".
Y recordó que por aquel entonces, "la prensa nacional había señalado que en razón de que al presidente Lucio Gutiérrez el Congreso había intentado interpelarle, éste resolvió hacer alianzas con otros partidos", tras lo que el Legislativo decidió destituir a los vocales del Constitucional, con dos excepciones.
La sesión sobre este caso comenzó horas después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, diera por inaugurado este periodo extraordinario, el tercero que acoge el país desde 2007.
Santos envió un enérgico mensaje de apoyo al SIDH, cuando los países de la OEA están inmersos en debates sobre la necesidad de acometer reformas en su estructura.
La ciudad ecuatoriana de Guayaquil fue la semana pasada el escenario de las discusiones en las que se reclamó un sistema más latinoamericano y menos permeado por naciones hegemónicas como EE.UU., reformas que serán de nuevo estudiadas en una reunión de la OEA en Washington el próximo viernes.
"Bienvenidas las reformas, pero que se reconozcan las potestades del sistema", dijo el gobernante colombiano al matizar que "se trata de fortalecer y no debilitar", en alusión a la relatoría de libertad de expresión, cuyo funcionamiento ha reprobado con fuerza Ecuador.
"Colombia no comparte posiciones extremas ni la tentativa de debilitar la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuya labor ha sido crucial", sostuvo Santos, al ratificar "todo el respeto y apoyo para seguir trabajando de la mano con el Sistema, no en contra del Sistema".
La actitud de Santos hacia el SIDH contrasta con la de su colega boliviano, Evo Morales, quien hoy dijo que sopesa "seriamente" retirar al país de la CIDH al considerar que este organismo depende de Estados Unidos, pues tiene su sede en Washington.
"Yo considero a la CIDH como otra base militar", dijo Morales al señalar que la institución está financiada por Estados Unidos para "tratar de juzgar a los países".
Precisamente la corte revisará un asunto referido al refugio, asilo y debido proceso en Bolivia, mientras que el caso de Chile está relacionado con la tortura y reparación integral.
Aparte de los contenciosos, también se llevará a cabo un seminario público sobre "El Sistema Interamericano de Derechos Humanos -tendencias y complementariedades-".
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