El CGPJ estudia mañana un informe crítico con el refuerzo a los procuradores

Madrid, 2 jul.- El anteproyecto de Ley Procesal Civil promovido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, será sometido mañana al examen de la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estudiará un informe crítico que alerta del riesgo de generar una "Justicia de pago".

El anteproyecto adjudica a los procuradores, profesionales privados que actúan a instancia de parte y cobran honorarios, un nuevo papel más relevante en el sistema judicial y les otorga funciones de notificaciones y embargos, así como el ser agentes de ejecución de sentencias.

El Consejo General del Poder Judicial debe emitir un informe, preceptivo pero no vinculante, sobre esta reforma legislativa promovida por el Gobierno, y hasta el momento todo indica que será crítico con ella. La Comisión de Estudios elevará mañana su propuesta al pleno del órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta que debatirá mañana esta Comisión de Estudios resalta que el ministro Gallardón pretende que la figura del procurador actúe como alternativa o complemento de los funcionarios, a instancia de parte y a costa del particular que le pague.

Esto presenta, según el informe provisional, el riesgo de que, al ser el procurador el representante procesal de una de las partes, se genere una desventaja para quienes no les paguen y se dé lugar a dos tipos de justicia, una gratuita y otra, de pago, más rápida y eficaz.

Sobre todo, dice el informe, si en virtud de las medidas de ahorro del gasto público se reduce el personal público en la Administración de Justicia y, en concreto, entre los funcionarios auxiliares de los Secretarios Judiciales.

De este modo, será imprescindible que no se vea disminuido el número de funcionarios, dice el borrador, puesto que si se mantiene, sí sería posible, si realmente los procuradores cooperan con la Justicia, que su acción, al tiempo que reduce el coste público, permita realizar más rápidamente la labor de la Administración.

De ese modo no habría tanta desventaja entre quien paga y quien usa el servicio público, añade.

Por el contrario, dice el informe, de reducirse el número de funcionarios, y más aún después de la aprobación del cobro de tasas judiciales para ciudadanos particulares también aprobado por el ejecutivo y muy criticado por el CGPJ, nos veremos abocados a una Justicia de dos velocidades, la privada, eficaz, y la pública, más lenta.