El congreso acepta tramitar la iniciativa ciudadana por la dación en pago retroactiva

El Pleno del Congreso de los Diputados anunció este martes su respaldo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.

El respaldo mayoritario del Pleno de la Cámara Baja se produce después de que el Grupo Popular decidiese cambiar el sentido previsto de su voto y apoyar la tramitación de la iniciativa, que contaba con el respaldo de la firma de más de 1,4 millones de ciudadanos.
En las comparecencias de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Teodoro García apuntó que tras la reunión con la plataforma que ha impulsado la ILP su grupo ha decidido “apoyarla”.
En este sentido, agradeció el “esfuerzo” de los promotores de la iniciativa y aseguró que su partido y la Plataforma Antidesahucios “vamos por el mismo camino”. Asimismo, defendió que su grupo “entiende el enfado” de los ciudadanos, “sobre todo ante la inacción del anterior Gobierno”.
Así, subrayó que la iniciativa “no queda parada en las puertas del Congreso, sino que entra al debate”, y denunció que el “populismo” del PSOE “no va a parar los desahucios”.
Por su parte, la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, justificó su apoyo a la propuesta por la necesidad de priorizar el rescate a la familias sobre el de la banca, y pidió “soluciones viables” para un problema que "está costando vidas".
Iglesias indicó que el aceptar o no esta iniciativa popular “es un problema de voluntad política”, y alertó sobre el peligro de “dar carpetazo” a la dación en pago y dejar el tema en manos de la “buena fe” de las entidades financieras”.
En una línea similar, el diputado de CiU Pere Macías subrayó su voto favorable por “respeto a los ciudadanos que han firmado la iniciativa, por las que han perdido su vivienda y por las que están en riesgo de ser desahuciadas”.
El parlamentario de La Izquierda Plural Joan Coscubiela defendió que el respaldo de la iniciativa es “un pequeño triunfo que debemos a la representación popular”. En su opinión, la situación provocada por los desahucios es “un caso evidente de lucha de clases en estado puro, de bancos contra ciudadanos”.
Asimismo, el diputado del PNV Pedro Azpiazu defendió su voto favorable en la “legitimidad democrática” de la iniciativa y porque su partido comparte el contenido de la misma.
Carlos Martínez, parlamentario de UPyD, anunció el apoyo a la tramitación de la ILP y añadió que su partido dará siempre el visto bueno a las iniciativas legislativas populares que lleguen al Congreso y cumplan con los requisitos.
"JUSTA, DIGNA Y HUMANA"
Dentro del Grupo Mixto, el diputado de Compromís Joan Baldoví aseveró que la ILP es “justa, digna y humana”. Por parte de Amaiur, Rafael Larreina denunció que el rechazo de la iniciativa habría sido “injusta”..
Por Coalición Canaria, Pedro Quevedo denunció la “obstaculación” por parte del Partido Popular a la tramitación de la iniciativa sobre este “drama que expresa la situación terrible de muchos ciudadanos”.
Desde el BNG, Olaia Fernández Davila instó al Ejecutivo a ser “sensible a las demandas” de los ciudadanos, mientras que Joan Tardá, de ERC, subrayó que el desahucio “es legal, como lo es la pena de muerte, pero eso no quita que no sea criminal”.
La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos criticó que, hasta el cambio de voto del PP, el Pleno podría haber aprobado la iniciativa popular sobre la celebración de corridas de toros y no la referida a los desahucios. Asimismo, de Foro, Enrique Álvarez Sostres defendió su apoyo a la iniciativa ya que es una muestra “clara” del derecho de los ciudadanos a “ejercer su derecho constitucional”. Por último, el representante de UPN Carlos Salvador mostró su “respeto” por la iniciativa.
PROPUESTA
La iniciativa ha sido impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), CCOO, UGT, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, el Observatorio DESC y la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya.
En el texto se recoge que en los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual en los que se haya celebrado subasta en la fecha de entrada en vigor de la presente norma, el ejecutante no podrá pedir que se despache la ejecución dineraria.
En caso de que ya se hubiese iniciado la ejecución dineraria en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto con los intereses y costas.
Además, no se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos “ajenos a su voluntad”.
El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de arrendamiento por un periodo de cinco años desde la fecha de la adjudicación, y el importe del alquiler no podrá ser superior al 30 % de los ingresos mensuales del arrendatario.