El Congreso aprueba la nueva ley concursal con un amplio apoyo de los grupos

Madrid, 15 jul.- La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso ha aprobado hoy con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios el proyecto de ley de refinanciación empresarial elaborado por la Ponencia, que ha introducido cambios en el sistema de elección de los administradores concursales.

El texto, que ahora pasa al Senado, incluye ocho enmiendas transaccionales pactadas con IU, IP, CiU y PSOE y ha sido respaldado por estos grupos, además del PNV, UPyD y el PP, que tiene mayoría absoluta y ha sacado adelante todas sus enmiendas.

La nueva ley ha sido tramitada por el procedimiento de competencia legislativa plena, es decir, que no será necesario votarlo en el Pleno antes de remitirlo al Senado, en cuyo trámite el PP se ha mostrado flexible a introducir algún cambio más pedido por la oposición.

Joan Coscubiela, de la IP, ha señalado que comparte la motivación de la ley, pero ha advertido de "efectos colaterales muy perniciosos" al equiparar el tratamiento de los créditos en manos de "fondos buitres" frente a los de entidades financieras sometidas a más requerimientos de supervisión.

No obstante, se ha abstenido en la votación ante el compromiso expresado por el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte de estudiar en el trámite en el Senado la inclusión de su petición de mejorar el tratamiento de los créditos laborales en la fase de preconcurso.

Según la redacción actual, en el preconcurso los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) tienen privilegios que no se extienden a los créditos laborales y, en el caso de que se ejecuten los primeros, los trabajadores pueden ver cómo queda en nada su derecho a cobro.

El diputado del PSOE Jesús Caldera ha valorado la nueva normativa, pero ha puntualizado que las familias siguen siendo "las grandes olvidadas", ya que carecen de un marco normativo para que regule su refinanciación y otorgue una "segunda oportunidad" en caso de acontecimientos sobrevenidos a deudores que actúan de buena fe.

Asimismo, ha destacado la importancia de la enmienda transaccional por la que se insta al Gobierno a crear un código de buenas prácticas para la reestructuración empresarial en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva ley, modificación que ha sido clave para que el PSOE de su apoyo a normativa.

Desde CiU, Sánchez Llibre ha valorado la inclusión en las enmiendas transaccionadas de peticiones de este grupo que van en la línea de que los créditos sindicados puedan computarse por su importe global a los efectos de fijar las mayorías de acreedores, así como la fijación de plazos para emitir la sentencia de homologación de acuerdo de refinanciación.

El PNV ha respaldado la ley a pesar de que ha sido rechazada su única enmienda, que solicitaba matizar a los privilegios que tienen los acreedores públicos al hacer efectivas esas deudas, según ha explicado su portavoz, Emilio Olabarría.

Álvaro Anchuelo, de UPyD, ha señalado que su grupo respalda la norma aunque "sin entusiasmo", ya que considera que podría haber ido mucho más allá en cuestiones como los aplazamientos de las ejecuciones de personas físicas que han avalado créditos de la empresa con sus viviendas particulares.

La principal novedad introducida por las enmiendas del Grupo Popular es que los jueces ya no elegirán siempre a los administradores concursales de la compañía, sino que se establecerá mediante un listado que asignará un nuevo equipo gestor según el tamaño de la empresa.