Madrid, 29 mar.- El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el real decreto ley por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a los proveedores de las administraciones públicas con 196 votos a favor, 2 en contra y 112 abstenciones.
El fondo convalidado hoy permitirá canalizar hacia las administraciones públicas 35.000 millones de euros mediante un préstamo sindicado a diez años, con dos de carencia y un tipo de interés cercano al 5 %.
De los 35.000 millones de euros, 20.000 millones serán para cubrir las deudas de los ayuntamientos, cuyas facturas pendientes se encuentran en estos momentos en trámite de análisis por parte del Ministerio de Hacienda, y el resto, para las comunidades.
El préstamo estará avalado por el Estado, que a su vez tendrá la garantía de los recursos que se transfieren a los ayuntamientos para financiarse.
Durante la defensa de la norma en el Congreso, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha puesto en valor la aprobación de este fondo, un mecanismo que según ha dicho, ayudará a acabar con una situación "que no es tolerable", que es el endeudamiento de las administraciones.
Las administraciones "deben ser modélicas en sus obligaciones de pago", ha explicado De Guindos, quien ha recordado que 4.622 entidades locales se han acogido al plan de pago a proveedores.
Además, ha señalado que se han presentado más de 1,9 millones de facturas pendientes de cobro por un importe de más de 9.500 millones.
El ministro también ha dicho que el 90 % de las entidades financieras españolas ha mostrado su disposición a participar en este plan, una medida que, según ha señalado el ministro, pretende, entre otros objetivos, acabar con la destrucción del tejido empresarial, que se encuentra en unos niveles "inaceptables".
Durante el debate, el diputado socialista Gaspar Zarrías ha explicado que aunque su grupo comparte la idea planteada por el Gobierno de acabar con la morosidad de las administraciones, el mecanismo para el pago de los proveedores "es caro, injusto y chapucero", por lo que su voto ha sido en contra.
Desde CiU, Antoni Picó i Azanza ha manifestado que su grupo comparte el objetivo de la norma de luchar contra la morosidad, lo que ayudará también a salvar puestos de trabajo y empresas.
Una idea que también ha compartido el diputado del PP Juan José María Matarí, quien ha subrayado que con su aprobación se da "el paso definitivo para que pymes y autónomos puedan cobrar sus facturas".
Por último, desde UPyD, Álvaro Anchuelo ha manifestado que aunque su grupo no puede estar en contra de la norma, no otorgarán "al Gobierno un cheque en blanco".
"No apoyaremos rescates de administraciones sin las suficientes garantías", ha manifestado.
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