El congreso de los diputados rechaza modificar la ley de indultos para impedir que se concedan a corruptos

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes con 134 votos a favor, 168 en contra y una abstención tomar en consideración la proposición de ley impulsada por el PSOE para reformar la regulación del indulto e impedir que se concedan a condenados por corrupción. El PP alegó que se trata de una propuesta “incompleta” que adolece de “falta de rigor” y que destila cierto “aire oportunista”.
En su iniciativa, el PSOE proponía modificar la ley para dejar claro que no procede la concesión del indulto, total o parcial, en caso de delitos “cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero”.
La concesión de indultos, decía el texto, se haría en real decreto motivado insertado en el BOE, en el que se deberían recoger también las “razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno”. En el caso de los indultos totales, sería exigible también que existan esas razones a juicio del magistrado o tribunal sentenciador.
El PSOE pedía también incluir en la ley la obligación del Gobierno de remitir cada seis meses a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados copia de las resoluciones de los indultos concedidos. A la vista de las mismas, el Parlamento podría solicitar al Ministerio de Justicia copia íntegra de los expedientes.
Los socialistas consideran que con esa reforma se impide la concesión de indultos a condenados por delitos de corrupción. El portavoz Gabriel Echávarri, que defendió la proposición de ley en la tribuna, alertó de que la aplicación de la ley actual “puede hacer mucho daño a la confianza de los ciudadanos en el sistema”.
La corrupción “no es de izquierdas ni de derechas”, dijo Echávarri, “o estás con la corrupción o estás contra ella”, y quienes rechacen esta modificación dejan claro que están “con los corruptos y contra la sociedad”.
El portavoz de CiU, Jordi Jané, anunció el voto favorable de su grupo pese a considerar necesaria una reforma más profunda, global, de acuerdo con el derecho comparado y con parámetros constitucionales para controlar el ejercicio de ese derecho por parte del Gobierno y para permitir el recurso. Recordó, además, que fue el PSOE quien introdujo en 1988 una “desafortunada” reforma para eliminar la obligatoriedad de motivar el decreto de concesión.
También en nombre del Grupo de IU, CIV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural el portavoz Joan Josep Nuet anunció su voto favorable por la necesidad de regular mejor la concesión de indultos. En la misma línea se expresó el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, partidario de eliminar la tendencia a conceder indulto a condenados por delitos de corrupción con motivaciones “espurias”.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, subrayó que muchos de los indultos concedidos en los últimos años han sido “manifiestamente escandalosos”, y abogó por la obligatoriedad de argumentarlos y de condicionarlos a la reinserción social del condenado. Joan Baldoví, de Compromís-Equo, y Olaia Fernández Davila, del BNG, también respaldaron la iniciativa pese a dejar claro que, en caso de que fuera tomada en consideración, presentarían enmiendas durante la tramitación.
Sin embargo, el portavoz del PP, Arturo García-Tizón, negó toda posibilidad de que la iniciativa fuera tomada en consideración alegando que el Gobierno apuesta por una reforma “en profundidad” de esa figura, “de forma sensata y sin oportunismos”. La propuesta del PSOE, dijo, es “incompleta”, muestra “falta de rigor” y desprende “cierto aire oportunista”. Además, destacó que algunas de sus medidas ya se han visto superadas por leyes vigentes.
García-Tizón subrayó que el indulto es una figura “plenamente vigente” y defendió que ha sido utilizada “en contadísimas ocasiones” por el actual Gobierno, ya que en 2013 se concedieron menos del 3% de las peticiones recibidas, y en 2014 apenas el 1,7%, en la mayoría de esos casos con el parecer favorable del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, y “ninguno por delito de corrupción”.