Madrid, 29 oct.- La reforma del Código Penal, que endurece las penas de delitos fiscales y contra la Seguridad Social, llega mañana al Congreso con el debate de enmiendas de devolución del PSOE e Izquierda Plural, que denuncian la incongruencia de la medida con la "amnistía fiscal" ofertada por el Gobierno.
En este texto, que llega mañana al pleno de la Cámara Baja para el debate de las enmiendas a la totalidad, el Ejecutivo recoge las modificaciones del Código Penal planteadas en los proyectos de ley de transparencia, contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y de modificación de la normativa tributaria para la prevención y lucha contra el fraude.
La modificación del Código Penal incluye un nuevo subtipo de delito agravado para las "conductas más graves" en el ámbito fiscal y contra la Seguridad Social, que pasan a ser sancionadas con una pena máxima de seis años de cárcel y que prescribirán en un plazo de 10 años (frente a los cinco actuales).
El PSOE critica en su enmienda que el proyecto da "cobertura legal a la amnistía fiscal", una medida con la que el Ejecutivo pretende recaudar 2.500 millones de euros procedentes de la regularización de activos ocultos y que los socialistas califican de "salvoconducto para grandes defraudadores".
Añaden que las modificaciones del Código Penal equiparan al responsable de grandes defraudaciones con aquellas personas que perciben indebidamente una prestación, algo que tachan de "inadmisible".
Para Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), la reforma es "absolutamente contradictoria" con otras medidas del Ejecutivo como la "amnistía fiscal y el recorte de derechos laborales y económicos".
Por ello, según afirma en su enmienda a la totalidad, esta reforma podría calificarse de "ejercicio de hipocresía política" del Gobierno, que utiliza el "populismo punitivo" para ocultar los ajustes y recortes de derechos, asegura.
Según el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, la nueva pena máxima se aplicará en delitos fiscales que superen los 600.000 euros, en aquellos cometidos por una "organización o grupo criminal", y en los que se utilicen testaferros, negocios fiduciarios o paraísos fiscales para ocultar la identidad del obligado a declarar.
En lo que respecta a la Seguridad Social, se contempla el fraude basado en el uso de "empresas fantasma" que simulen relaciones laborales para obtener prestaciones o subvenciones públicas sin estar realizando ninguna actividad real.
También se aplicará a quienes utilicen "talleres clandestinos" con grupos de trabajadores que no estén dados de alta en la Seguridad Social o que no hayan obtenido la correspondiente autorización de trabajo.
Además, los fraudes que superen los 50.000 euros serán perseguidos por la vía penal, mientras que hasta ahora la cuantía mínima defraudada exigida era de 120.000 euros.
El proyecto del Ejecutivo introduce una "rebaja importante" de la pena para quienes reduzcan el perjuicio causado a Hacienda regularizando los activos ocultos en el plazo de dos meses después de recibir la citación judicial o colaborando en la identificación de otros responsables.
Otro de los supuestos plantea penas de prisión de uno a cuatro años para los funcionarios que falseen la contabilidad de entidades públicas o faciliten a terceros información falsa causando perjuicio a dichas entidades.
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