Madrid, 12 mar.- El Congreso debatirá mañana una iniciativa parlamentaria del BNG cuyo propósito es endurecer el régimen de incompatibilidades que actualmente se aplica a expresidentes del Gobierno y exministros, de manera que impediría casos como el del fichaje por parte de Endesa de la exvicepresidenta Elena Salgado.
La propuesta de los nacionalistas gallegos figura en una proposición no de ley que se discutirá en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, con tres puntos que plantean revisar la regulación sobre conflictos de intereses de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración para hacerla más severa.
Se trata, tal y como apunta el diputado del BNG Francisco Jorquera en la exposición de motivos de su propuesta, de modificar unas normas sobre incompatibilidades que "aún permiten que se produzcan situaciones cuya ética es discutible".
Y añade que los ciudadanos pueden pensar "razonablemente" que los que han formado parte del Gobierno adoptan decisiones, aunque sea desde el ámbito privado "guiadas por una influencia indebida que deriva del hecho de haber ocupado altas responsabilidades públicas y de las decisiones que se han tomado en el ejercicio de las mismas".
El debate de su proposición se produce pocas semanas después de que se haya conocido la pretensión de la compañía eléctrica Endesa de nombrar a la expresidenta Elena Salgado consejera de la filial chilena Chilectra, si bien este fichaje está pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte del actual Gobierno.
En concreto, Salgado, que fue vicepresidenta económica en el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, debe poner en conocimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende de Hacienda y Administraciones Públicas, sus planes de trabajo en el sector privado para obtener la correspondiente autorización.
La respuesta que el BNG quiere dar estas situaciones consiste en "una aplicación más rigurosa de la incompatibilidad de desempeñar actividades privadas remuneradas con posterioridad al ejercicio del cargo público, ampliando los períodos de limitación vigentes desde que se ha producido el cese".
Así reza el primer punto de sus iniciativa, que también insta al Gobierno a modificar la ley para que se amplíen las situaciones legales de incompatibilidad a los supuestos de asesorías o consultorías especiales.
El tercer apartado reclama modificar el "estatus reglamentario" de los expresidentes del Gobierno, de manera que renuncien a las prerrogativas de las que disfrutan, con excepción de las relativas a su seguridad, si ejercen actividades privadas remuneradas por cuenta de empresas privadas.
Por esta medida se verían afectados el expresidente del Gobierno José María Aznar -que también fichó por Endesa como asesor externo- y el expresidente Felipe González, en su caso miembro del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa.
La ley permite a ambos que perciban una pensión vitalicia, actualmente de unos 80.000 euros anuales, junto a otros beneficios, como despacho, asistente o vehículo oficial a su disposición, además de escolta policial.
Según los datos difundidos en su día, cuando se supo de sus "fichajes", González cobra de Gas Natural 126.000 euros anuales y Aznar 171.000 euros al año.
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