El Congreso elevará en el Código Penal las penas para cargos públicos corruptos

Madrid.- La ponencia del Congreso encargada de la reforma del Código Penal ha concluido hoy sus trabajos con un amplio consenso de las fuerzas políticas que, por unanimidad, han acordado aumentar las penas previstas en el proyecto para los cargos públicos condenados por corrupción, que tendrán penas de cárcel.

Tras la reunión que la ponencia ha celebrado esta mañana, fuentes parlamentarias han explicado a Efe que todos los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad un paquete muy numeroso de enmiendas al proyecto del Ejecutivo, que se han incluido en el informe final que estudiará el próximo día 21 la Comisión de Justicia.

Las enmiendas consensuadas por los partidos políticos endurecen las penas para muchas de las conductas de las que se acusa a los altos cargos implicados en el "caso Gürtel" o al ex presidente de Baleares Jaume Matas en el "caso Palma Arena".

Entre los acuerdos alcanzados se incluye una modificación del artículo 439 del Código Penal, según la cual las autoridades que por su cargo tengan que intervenir en cualquier clase de contrato y se aprovechen de esa circunstancia para facilitarse un beneficio, directa o indirectamente, se arriesgarán a penas de cárcel de seis meses a dos años, y no sólo a multa e inhabilitación.

Otra de las modificaciones eleva en el artículo 320 las penas para los funcionarios públicos que se vean implicados en delitos urbanísticos.

En este caso, la enmienda aprobada a propuesta de ERC, pero con transacciones del grupo socialista y el PNV, contempla penas de cárcel, y no sólo de inhabilitación, para las autoridades que informen a favor de proyectos urbanísticos o la concesión de licencias de forma irregular.

En concreto, los altos cargos que cometan estas infracciones podrán ser castigados con penas de 18 meses a cuatro años de prisión, y con multa de doce a veinticuatro meses.

El texto del Gobierno establecía inicialmente penas de uno a tres años de prisión o multa de doce a 24 años, y lo que se suprime es la sanción económica como alternativa.

Otra de las propuestas incluidas en el informe suprime las penas de prisión para los delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como "top manta", cuando el beneficio no sea superior a los 400 euros.

CiU también ha conseguido sacar adelante una de sus propuestas para penar a los que desluzcan los bienes muebles de dominio público o privado.

Según ha informado en una nota el portavoz de Justicia de los nacionalistas catalanes, Jordi Jané, esto supondrá que "los que hagan pintadas en los vagones de los trenes, como se ha visto estos días, serán penados con localizaciones permanentes de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad de tres a nueve días".

Además se han introducido algunos retoques en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El texto aprobado por el Gobierno establecía como penas generales medidas que significaban el cierre de empresas y, con las enmiendas de CiU, se establece como pena general la multa económica, regulable de acuerdo a la gravedad de la acción.

Otra de las enmiendas incluye penas de prisión de uno a dos años para las ocupaciones violentas de bienes inmuebles, cuando hasta ahora sólo se castigaban estos hechos con multa económica.

Esta previsto que la Comisión de Justicia debata el informe de la ponencia el próximo día 21, y será entonces cuando las fuerzas políticas intenten llegar a acuerdos en otros puntos que, de momento, se han quedado fuera del consenso.

En este sentido, destaca la pretensión de CiU de endurecer el tratamiento para la multireincidencia de hurtos, ya que, según ha advertido Jané, no votarán a favor de la totalidad de la reforma del Código Penal, que está previsto que llegue al pleno el día 29, si no se acepta esta propuesta.