El congreso exige una justicia más accesible para las personas con discapacidad

El Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso físico y jurídico de las personas con discapacidad a la justicia en todo el territorio nacional.
La iniciativa, presentada por el Grupo Mixto y que obtuvo el visto bueno en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, propone concretamente que se garantice que los edificios judiciales de nueva construcción cumplan todos los requisitos de accesibilidad y confortabilidad, es decir, que dispongan de rampas o ascensores, por ejemplo, para que puedan utilizarlos sin trabas los ciudadanos con discapacidad.
En la misma línea, aboga por que en el plazo de dos años los edificios judiciales ya existentes cumplan estos mismos requisitos, para que permitan la accesibilidad física a la administración de justicia en todas sus instancias.
Igualmente, el texto sostiene que deberá proveerse a todas las oficinas judiciales y a los profesionales vinculados con la administración de justicia de los medios formativos y materiales necesarios para que las personas con discapacidad accedan, en régimen de igualdad con los demás, a los servicios relacionados con la actividad jurisdiccional, tanto activa como pasiva.
"Específicamente", prosigue la propuesta defendida por Rosa Díez, "han de proveerse las plantillas con los intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales necesarios, para la efectiva intervención, en todo tipo de actuaciones judiciales, de las personas con algún tipo de discapacidad".
Dada la complejidad y tecnicismo de las actuaciones judiciales, se insta también al Gobierno a crear oficinas de orientación legal adaptadas en los propios juzgados y tribunales, y, en los casos en los que ya existe, arbitrar su utilización, "con especial atención a las personas con discapacidad".