El Congreso pone freno a las donaciones a los partidos políticos

El Pleno del Congreso ha dado luz verde este martes a una proposición de ley que pide modificar la Ley de Financiación de Partidos Políticos para limitar las aportaciones anónimas y dar más transparencia a su financiación. El fin es impedir que ni las formaciones políticas ni sus fundaciones puedan recibir donaciones de otras empresas o fundaciones que reciben a su vez subvenciones de la Administración.

Aunque las principales fuerzas políticas (PSOE y PP) se resistían a apoyar esta iniciativa de Esquerra, finalmente ha salido adelante. Hace tan sólo cinco meses la mayoría de la Cámara Baja aprobó una iniciativa con un contenido muy similar, por lo que habría sido una contradicción que ahora se rechazara.

El texto aprobado insta a que los partidos políticos "no puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones de empresas privadas, de sus subcontratadas o de sus fundaciones que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público".

También propone que estas restricciones se apliquen a las fundaciones de los partidos políticos.

El 'caso Gürtel' y el 'caso Millet', detrás de la medida

Todo esto, según el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, viene al hilo de episodios como el 'caso Palau', donde CiU se habría nutrido de 600.000 euros de la Fundación del Palau de la Música de Barcelona que presidía Félix Millet. O el más reciente 'caso Gürtel', donde la policía sospecha que el PP valenciano podría haber incurrido en financiación ilegal.

Joan Ridao defiende esta propuesta -que no ha contó con ningún voto en contra y sí 20 abstenciones- porque cree que así se evitará que se puedan utilizar fondos públicos para sufragar a los partidos o a sus fundaciones.El portavoz de ERC insiste en que con la reforma que persigue su iniciativa no se pretende acabar con las donaciones a partidos, sino que éstas se hagan con total claridad porque, según ha señalado, existen "auténticas zonas de impunidad" en la financiación de partidos, lo que supone un "descrédito" y "deslegitimación" de la política