El Consell no valorará el sumario de cooperación hasta que lo vea la Abogacía

Valencia, 18 may.- El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha rechazado hoy valorar el sumario de la causa que investiga un supuesto fraude en la concesión de ayudas públicas destinadas a cooperación hasta que no lo analice la Abogacía de la Generalitat.

La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental, y en ella hay 22 personas imputadas, seis de ellas exaltos cargos del Gobierno valenciano.

Císcar, que ha sido preguntado por el contenido del sumario en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha explicado que la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en nombre del Gobierno valenciano, está "estudiando pormenorizadamente" el contenido del documento judicial.

"Cuando tengamos el informe lo valoraremos oportunamente", ha afirmado el vicepresidente, quien ha rechazado hacer valoraciones hasta que la Abogacía especifique "el alcance real, el contenido y las conclusiones que se puedan derivar del mismo".

Preguntado sobre si habían hablado con el exconseller de Cooperación y actual portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, sobre lo sucedido en este departamento ha asegurado que la comunicación con él es "permanente" y ha defendido que los controles de la tramitación administrativa eran los "adecuados".

El vicepresidente también ha informado de que la comisión de técnicos que se creó para hacer un seguimiento de las ayudas concedidas por Cooperación está "haciendo sus trabajos".

La acción judicial se sigue por un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la entonces Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.

Se investiga el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se hinchaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.