El decreto vasco de víctimas de sufrimientos injustos excluye a terroristas muertos en tiroteos con la policía o cuando iban a atentar

El Gobierno vasco presentó este lunes el borrador del decreto que pretende la declaración de la condición de víctima, y la reparación integral como tal, de quienes padecieron sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1968 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo.
Su alcance obedece a la voluntad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de aplicar la solidaridad social y contribuir a la convivencia y legitimación del Estado de derecho, según explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia.
Concretamente, las disposiciones contenidas en el decreto se aplicarán a los hechos o actos causantes de los daños sufridos por las víctimas de violencia de motivación política cometidos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.
En dicho contexto, se entienden por sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente parcial y las lesiones permanentes no invalidantes, siendo estas circunstancias consecuencia de acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración Pública, en sus diversos estamentos.
El texto señala que en ningún caso se considerarán sufrimientos injustos aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran o pretendieran realizarla, aunque el fallecimiento o las lesiones se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar y repeler directamente esa acción violenta.
"Ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este decreto. En ningún caso", subrayó tajantemente la también consejera de Justicia y Administración Pública, Idoia Mendia.
Sí son susceptibles de ser reparados, no obstante, ciertos sufrimientos injustos debidamente acreditados, aunque en su momento no fueran considerados como tales, al haber sido exculpados en procedimiento judicial, por sobreseimiento o sentencia absolutoria, o aunque las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, si éste vulnerara el derecho a la vida reconocido en la Constitución.
El borrador contempla además la implicación de los poderes públicos vascos e indemnizaciones de hasta 390.000 euros, para los casos de gran invalidez. Será una comisión de valoración creada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y presidida por su directora, la que declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto y la que atribuirá a dichas víctimas los derechos que, en consecuencia, le correspondan.
"No es solo una cuestión de reparación e indemnización a estas víctimas, con este decreto queremos descorrer la cortina del silencio, abandono y olvido que ha envuelto a todas estas víctimas durante demasiado tiempo. Frente a la impunidad, la verdad por delante", apuntó Mendia.
Como muestra de transparencia, el borrador del decreto, que consta de 23 artículos, se ha publicado en Irekia, la web del Gobierno vasco, con el fin de abrir su contenido a la consulta y a la participación ciudadana. Una vez revisado, y cuando estén redactados también todos los informes preceptivos, el borrador definitivo será remitido a consejo de Gobierno para su aprobación inmediata.