El delegado del Gobierno pide que no se proyecte el filme sobre presos de ETA

  • El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha solicitado hoy al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que prohíba la emisión mañana en San Sebastián de un documental sobre varios presos de ETA.

Vitoria, 10 sep.- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha solicitado hoy al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que prohíba la emisión mañana en San Sebastián de un documental sobre varios presos de ETA.

Urquijo ha enviado hoy sendas cartas al fiscal jefe y al alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), tras conocer que el Ayuntamiento donostiarra tiene previsto ceder el teatro Victoria Eugenia para la exhibición del documental "Ventanas al interior", sobre varios presos de la banda terrorista.

En su escrito al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el delegado del Gobierno le comunica esta situación que podría ser "constitutiva de delito" al vulnerar las leyes de protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo, tanto estatal como vasca.

En la carta al alcalde, Urquijo le advierte de que la cesión del teatro municipal "podría incumplir" varios de los preceptos de esas leyes, que encomiendan a los poderes públicos a "evitar actos que supongan menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo o enaltecimiento del terrorismo".

Considera que este documental encaja en los supuestos señalados, por lo que le exige que impida que se proyecte en una dependencia municipal y le advierte de las responsabilidades administrativas, "y en su caso penales, que podrían derivarse en el caso de desatender la petición".

El documental trata sobre la situación de cinco presos de ETA, entre ellos la del histórico dirigente de la organización terrorista Mikel Albisu "Antza", considerado jefe de su aparato político entre 1993 y 2004.

Esta película obtuvo una subvención de 9.000 euros del Ayuntamiento de San Sebastián, pero la productora Zinez renunció a la ayuda después de la polémica generada tras la advertencia del Gobierno de que esta ayuda podría ser motivo para la ilegalización de Bildu.

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