El despliegue de hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña ha costado a las arcas públicas 87 millones de euros. Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha culpado del gasto a "la arrogancia e irresponsabilidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su gobierno".
Este gasto, ha dicho Zoido, responde al "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, "con una desobediencia clamorosa" y con "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O.
Zoido ha comparecido en el Senado para explicar el gasto de ese despliegue, al que "debemos sumar los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha señalado.
El responsable de Interior ha defendido que la llamada Operación Copérnico tenía como objetivo responder con "eficacia" a la "rebeldía" de los independentistas, a la "clamorosa desobediencia" a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran "arrojados al abismo".
"A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.
Zoido ha calificado de "muy importante" la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, "otro alto coste", ha dicho, "que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña".
Un despliegue necesario
Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron "episodios de acoso" contra policías y sus familiares.
En su discurso ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".
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