El desprecio a las urnas y a la legalidad

Artur Mas ha enunciado un formidable epitafio cuando se consumaba su muerte política: "Hemos logrado lo que las urnas no nos dieron". Es un epigrama funerario que no le honra sino que lo desacredita más si cabe, tan extravagante que hace dudar de si ha sabido lo que decía o si ha dicho lo que realmente deseaba. Pero es una confesión de parte a la que nadie le ha obligado. Si el rito democrático consiste en pedir la opinión de la gente para cumplirla, esquivar el dictamen de las elecciones equivale a repudiar la esencia de la democracia. Artur Mas lo ha dicho y su desprecio a las urnas ya está esculpido en las lápidas mediáticas que adornan su sepulcro.

Lo que no se puede negar al epígrafe es que expresa lo que está pasando en la Cataluña política: las elecciones revelaron que no hay una mayoría, ni abrumadora ni simple, de catalanes partidarios de la independencia de la región con respecto al resto de España pero unos grupos políticos que sumaron una mayoría en el Parlament por los pelos, gracias a la fórmula para el reparto de escaños, se han conchabado para implantarla por la fuerza. Porque por la fuerza es perseguir ese objetivo contra una mayoría de votantesmediante la violación para ello de las leyes vigentes de la democracia española, empezando por la Constitución. En eso consiste la gran epopeya antidemocrática que tienen trazada unos independentistas de aluvión, entre quienes figuran los que hasta anteayer repudiaban el independentismo en interés de un nacionalismo moderado al que ya han renunciado.

Esa consideración de las urnas como un inconveniente debe de ser compartida por el sucesor de Mas, el radical independentista Carles Puigdemont, al que todos recuerdan por otro tic impresentable, el del menosprecio a los que no son catalanes–es de suponer que además a los no independentistas-, a quienes quiere expulsar de su tierra (no la de Puigdemont sino la de los "expulsables") con una energía que aplaudirán los xenófobos del mundo de todos los colores. El secesionismo catalán ha encontrado, gracias a los antisistema de la CUP, a un independentista radical en el seno de la antaño moderada Convergencia, del que esperan que lidere a las bravas el desenganche pisoteando todos los derechos, todas las leyes, toda la convivencia y toda la lógica que el procés exija. Puigdemont parece el político sin escrúpulos adecuado.

El problema causado por Artur Mas y los independentistas se reactiva cuando parecía que la necesidad de unas nuevas elecciones iba a aplazarlo mientras se arreglaba la gobernabilidad de España. Ahora, vuelve a ser un riesgo inminente que ha de ser colocado en el capítulo de las urgencias y que a la fuerza ha de condicionar la búsqueda del soporte parlamentario del nuevo Gobierno. Aunque un Gobierno en funciones dispone de todas las competencias para hacer cumplir la ley–y ayer volvió a reiterarlo Mariano Rajoy-, incluido el tan citado artículo 155 de la Constitución (para cuando "una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España") y aunque disponga de mayoría absoluta en el Senado -que el PP volvió a obtener el 20D- para aplicar tal artículo, el riesgo de atentado a la legalidad aconseja disponer cuanto antes de un Gobierno sin provisionalidades.

Para conseguirlo, sigue siendo clave la actitud del Partido Socialista, como antes del desenlace Mas-Puigdemont, pero ahora con mayor preocupación. La conjunción de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, es decir, los tres partidos principales del bloque constitucionalista, alcanza un peso parlamentario abrumador de 253 escaños sobre 350, el 72 %. Ayer Pedro Sánchez y Albert Rivera respaldaron la respuesta categórica de Rajoy a la reactivación del plan secesionista, en una acertada decisión de quienes están con la legalidad constitucional. Ahora, bastaría que el PSOE colaborara a la gobernación de España para que el Estado se agrandara y no hubiera dudas sobre la defensa de la legalidad. Hay quien interpreta que es ahora cuando el PSOE no va a poder evadirse de su responsabilidad y que por lo tanto Pedro Sánchez prescindirá de los gestos de reclamo a los extremistas de Podemos. Bueno, vamos a ver.