Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general deUGT-A, no ha comparecido este martes ante la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, al no haber sido citado formalmente. Así lo ha confirmado a Efe su abogado, Miguel García Diéguez, quien ha asegurado que Fernández no ha recibido ninguna citación en su domicilio, por lo que no ha acudido al juzgado.
En la misma situación se encuentra Blanca Uruñuela, también sindicalista de UGT que debía comparecer este mismo martes tras ser imputada como participante en las ayudas a Altadis.
Por este mismo ERE, el de Altadis, están citados este miércoles como imputados Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, y el exjefe de Recursos humanos de Altadis José Luis Relea.
La jueza cita15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estadoque "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".
La jueza relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello,se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla"que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".
"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedófijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".
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