Madrid, 30 abr.- El fiscal ha pedido hoy que el Tribunal Supremo confirme la sentencia que condenó a 16 años de prisión al exconseller balear del PP de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona como responsable de una trama que cobró comisiones y falseó contratos para saquear millones de euros de fondos públicos.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha celebrado hoy la vista pública del recurso de Cardona contra la resolución de la Audiencia de Palma, que impuso dicha pena al exconseller, que ingresó el 30 de julio del año pasado en la prisión de Ibiza para cumplir la entonces ya mayor pena por corrupción contra un político en España.
En la vista celebrada hoy el fiscal y el abogado de la acusación ejercida por la Comunidad Autónoma de Baleares se han opuesto a la pretensión de Cardona de ser absuelto y han solicitado que el Supremo confirme la sentencia de la Audiencia que condenó a Cardona a dicha pena y a una multa de 2,2 millones de euros.
La Audiencia condenó en este caso a dieciséis personas e impuso la pena referida a Cardona por los delitos de asociación ilícita, malversación continuada de caudales, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y falsedad.
Los otros tres condenados con penas que suponen encarcelamiento fueron el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene (5 años y 5 meses), la exgerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib) Antonia Ordinas (3 años y 8 meses) y el contratista de este organismo y exconcejal del PP en Lloseta Felipe Ferré (3 años y 3 meses).
Además de los citados, fueron condenadas a penas que no comportan ingreso en prisión otras doce personas con diferente implicación en los numerosos hechos delictivos descritos en la sentencia.
Entre ellos, Isabel Rosselló, la pareja de Antonia Ordinas, condenada a 18 meses de cárcel y multa de 300.000 euros y cuya condición de cantante soprano inspiró a los investigadores a bautizar el caso como Scala, en honor al teatro lírico de Milán.
Además, los principales responsables de la trama de corrupción en torno al Cdeib fueron condenados a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a la Comunidad Autónoma de Baleares por los fondos sustraídos de las arcas públicas.
Las cantidades a las que tendrán que responder solidariamente, en su mayoría impuestas a Cardona, Viaene y Ordinas, suman 6 millones de euros.
Para rebatir el recurso de Cardona el fiscal ha corroborado la validez del juicio con todos los acusados a pesar de que hubiera habido una conformidad parcial a la que no se sumó el exconseller, ya que de esta forma pudieron ser interrogados todos los imputados, que precisaron detalles en la vista, y ha destacado la "magnífica" sentencia de la Audiencia.
El abogado de la Comunidad Autónoma de Baleares ha explicado que la misma ejerce la acusación para que sean restituidos los fondos públicos apropiados indebidamente entre 2003 y 2007.
El letrado de Carmona, Miquel Arbona, ha alegado que la única prueba contra el exconseller son las declaraciones de coimputados que llegaron a una conformidad parcial para ver rebajadas sus penas incluso desde los 21 a los cinco años de cárcel.
Además, ha destacado que en algún caso como el de Antonia Ordinas ha quedado demostrada su animadversión a Cardona.
El representante de Cardona ha asegurado que aunque éste participaba en órganos del Cdeib "no se enteraba del procedimiento" y sólo firmaba la última hoja de cada expediente, ya que no se lo llevaban entero.
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