Palma, 9 dic.- El fiscal Pedro Horrach ha pedido hoy al juez del caso Nóos, José Castro, que no lleve a juicio a la infanta Cristina porque no hay indicios para acusarla, aunque le reclama que devuelva, como responsable civil a título lucrativo, 587.413 euros de los que se benefició a través del fraude de su esposo, Iñaki Urdangarin.
Para el duque de Palma la acusación pública solicita una pena de 19,5 años de cárcel como responsable institucional y comercial del Instituto Nóos, del que era el "gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios" bajo la dirección intelectual de Diego Torres, para quien pide 16,5 años de prisión.
Cinco de las partes acusadoras del caso Nóos han registrado esta mañana sus escritos provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y la única que pide la apertura de juicio oral para la infanta Cristina es el sindicato Manos Limpias, que reclama que sea condenada a 8 años de cárcel y que pague 2 millones de multa por servir "de andamiaje imprescindible" para que su marido cometiera delitos fiscales y por lucrarse "en su propio beneficio".
El abogado de la infanta, Miquel Roca, confía en que será exculpada y ya ha adelantado que consignará en el juzgado el dinero que pide el fiscal para "dejar así extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal".
Horrach ha dedicado a doña Cristina dos anexos adicionales al escrito, el primero para explicar que considera que su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin se sustenta solo en "una sospecha" y "una mera conjetura", por lo que la Audiencia de Palma vulnera su derecho a la presunción de inocencia y le crea indefensión.
En el otro afirma que el juez del caso Nóos, José Castro, debe aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y la jurisprudencia que se deriva de ella (incluidas las doctrinas Botín y Atutxa), y archivar el caso para la infanta Cristina, porque no la acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Horrach considera que el sindicato Manos Limpias no puede "usurpar la legitimidad" del ministerio público y la Abogacía para sostener en solitario la acusación a la infanta y si Castro decidiera lo contrario establecería distinciones donde la Ley no lo hace y crearía "una nueva doctrina".
Apela a "elementales razones de justicia, igualdad y seguridad jurídica" para que se aplique el mismo criterio que en otro caso idéntico en el que la Audiencia de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir juicio oral contra los acusados por la Fiscalía y la acusación particular por delito contra Hacienda.
El fiscal pide en total condenas que suman 107 años de prisión para 14 de los 20 imputados en el caso Nóos. Quiere que Urdangarin sea condenado a 19,5 años y su exsocio Diego Torres a 14,5. Para la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, pide 2 años de cárcel por blanqueo y que devuelva 1.144.240 euros.
Manos Limpias ha presentado acusación por ocho tipos delictivos distintos contra los 20 imputados y reclama penas que suman 238 años y medio, desde los 26,5 años para Urdangarin por malversación, estafa, falsedad, fraude, los dos delitos fiscales y blanqueo, a 22,5 años por lo mismo para Torres y 19,5 años para Tejeiro.
La Comunidad Valenciana ejerce la acción civil en calidad de perjudicada y se ha sumado a las calificaciones que ha hecho la Fiscalía.
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia también ha anunciado la presentación de escrito de acusación en el que pide 11 años de cárcel para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (PP), los mismos que para Urdangarin y Torres.
Entre los casi 400 testigos que las acusaciones quieren citar a declarar en el juicio figuran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el expresidente valenciano Francisco Camps, y Alberto Aza, que fue jefe de la Casa del Rey.
También podrían acudir a testificar en el juicio personalidades del deporte como los expresidentes del Valencia Francisco Roig, Juan Bautista Soler y Vicente Soriano, y el presidente del Villarreal Fernando Roig, quienes también contrataron con el Instituto Nóos o empresas del grupo, así como el exdirector ciclista José Miguel Echavarri y el exjugador de baloncesto José Antonio Montero.
Una vez estudie los escritos registrados hoy, el juez José Castro dictará auto de apertura de juicio oral, previsiblemente antes de que finalice el año.
Dicho auto no es recurrible con relación a aquellas personas contra las que el juez abra juicio, pero sí cabe recurso si el magistrado no incluye a algún imputado contra el que se haya formulado acusación.
Tras el auto de apertura de juicio oral las defensas deben presentar sus escritos y posteriormente el procedimiento se enviará a la Audiencia Provincial de Palma para que ponga fecha y se celebre el juicio, que podría ser a finales de 2015 o principios de 2016. EFE
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