La Audiencia Nacional ha decidido no hacerse cargo de la instrucción relativa a la investigación de los cursos de formación de Andalucía por entender que no es la competente para juzgar los delitos que se deriven de estas pesquisas, dirigidas hasta el momento por la Fiscalía de Málaga. La negativa del tribunal central ha provocado que tanto el Ministerio Público como la Policía opten por entregar sus informes a los juzgados ordinarios.
De hecho, hoy mismo tienen previsto ambos presentar ante el juez decano de cada una de las provincias andaluzas un documento con los datos recabados en su demarcación, con el fin de que este disponga qué juzgado se hace cargo de las diligencias. La instrucción, por lo tanto, que hasta el momento se centraba únicamente en la provincia de Málaga (hace dos semanas se responsabilizó el juzgado número 8 de la localidad) se ampliará ahora judicialmente al resto de poblaciones.
La investigación afecta a todas las provincias de la región, ya que el presunto fraude se produjo en la concesión de ayudas por parte de la Junta de Andalucía a empresas, asociaciones y fundaciones repartidas por toda la comunidad autónoma. Además, existen sociedades mercantiles o agrupaciones dedicadas a la formación que operan en varias provincias y que habrían recibido ayudas para desarrollar cursos en distintas zonas.
A pesar de esto, la Audiencia Nacional ha preferido no tomar partido, al menos inicialmente. La Policía, por lo tanto, investigará provincia por provincia bajo las órdenes de un juez distinto en cada demarcación. Ya ha hecho gran parte del trabajo que tenía que hacer en Málaga, donde empezaron las pesquisas de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), y se trata, por lo tanto, de repetir el mismo proceso en el resto de la comunidad autónoma.
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Por el momento, las informaciones rastreadas por la Policía se refieren al mismo tipo de concesión, el referente a las subvenciones que tienen la finalidad de promover la inserción laboral de los desempleados a través de cursos de formación. Las primeras pesquisas apuntan a que la Junta otorgaba ayudas a empresas de formación que no cumplían los requisitos legalmente establecidos.Alaya quiere el caso
La disputa judicial por hacerse cargo de esta macrooperación que prevé alargarse en el tiempo ha involucrado también a la Fiscalía Anticorrupción o incluso a la juez Mercedes Alaya, que llegó a solicitar los informes de la UCDEF con el fin de incluirlos dentro de la investigación que realiza desde hace años en relación con los denominados ERE de Andalucía, pesquisas que desarrolla la Guardia Civil.
La estrategia de derivar el asunto a los juzgados ordinarios y no a Alaya se realiza también con el fin de evitar un conflicto entre Policía y Guardia Civil. El primer cuerpo lleva casi dos años investigando la operación Edu, centrada en el presunto fraude de los cursos de formación, y no está dispuesto a soltar la investigación en manos del instituto armado una vez que se ha hecho lo más difícil.
Los juzgados de cada provincia se dispondrán a partir de ahora a analizar los datos recabados por la Policía referentes a 2010 y 2011. Según las fuentes consultadas por Seguridad y Tribunales, los investigadores y la Fiscalía solicitarán que las diligencias que abra cada juez sean declaradas secretas. También pedirán los expedientes administrativos de cada una de las empresas que han recibido subvenciones de formación que tenían la finalidad de insertar a desempleados en el mercado laboral.
Es decir, tratarán de detectar irregularidades similares a las que han localizado en Málaga también en el resto de provincias. En concreto, cuestiones como la concesión de ayudas a sociedades que no tenían profesores homologados, a asociaciones que contaban con instalaciones inadecuadas o a empresas que ni siquiera habían sido constituidas en el momento en el que se les otorgó la ayuda pública.Sin control
Sin embargo, la investigación no se centrará únicamente en la parte que recibe el dinero, sino también en la que lo adjudica. De hecho, ya en las primeras pesquisas desarrolladas en Málaga los policías han detectado una falta de control por parte de la Junta de los fondos que concedían. No en vano, en muchos casos la Sección de Seguimiento del Gobierno andaluz nunca visitaba las instalaciones ni comprobaba siquiera que los cursos se habían impartido correctamente.
Por otro lado, los investigadores también han descubierto que falta dinero por justificar. En concreto, si el 75% de los fondos adjudicados se entregaba al inicio del curso, el 25% restante en ocasiones nunca llegaba a transferirse. La razón, explican las fuentes consultadas, era que no podían validarse los seminarios porque no se controlaba si su ejecución era correcta, requisito indispensable para traspasar ese último porcentaje.
Por lo tanto, y a pesar de que los agentes llevan casi dos años indagando, la investigación aún está en una fase incipiente, dada la enorme cantidad de concesiones y datos que quedan por analizar. De hecho, ante el ingente número de documentos pendientes de ser rastreados, el Ministerio del Interior dio recientemente el visto bueno a la petición de la UCDEF de aumentar la plantilla de funcionarios dedicados a esta operación. En concreto, se ha multiplicado por diez el número de agentes que comenzaron las pesquisas.
Los informes de la UCDEF desarrollados en Málaga y presentados hoy ante los juzgados ordinarios apuntan ya a altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía que podrían estar involucrados en la concesión irregular de las ayudas. El dinero otorgado por el Gobierno regional provenía del Servicio Andaluz de Empleo, que a su vez lo obtenía en su mayor parte del Fondo Social Europeo.
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