La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía investiga desde hace más de un año a la Junta de Andalucía por conceder ayudas, que debían servir para favorecer el empleo, de forma irregular. Las subvenciones, que provenían de fondos de la Unión Europea, tenían el objetivo inicial de promover la inserción laboral, pero el Gobierno regional las habría utilizado para otras cuestiones que aún debe determinar la investigación.
Gran parte de las ayudas, por lo tanto, no habría llegado a su destino, que era el de ayudar a los ciudadanos a conseguir un empleo. Esto podría explicar, por lo tanto, al menos en parte, por qué las cifras del paro en Andalucía se dispararon en el peor momento de crisis económica más que en ninguna otra comunidad autónoma. La investigación, de hecho, pone el foco en los años 2009 a 2012, que fue justo cuando se produjo el mayor incremento del desempleo (ver gráfico) en la región, que más que duplicó el número de parados.
El dinero presuntamente defraudado provenía del Servicio Andaluz de Empleo, que a su vez había sido proporcionado en su mayor parte por el Fondo Social Europeo, que la Comisión Europea define como "el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo", precisamente el gran lastre de la comunidad autónoma cuya actuación se encuentra ahora en entredicho.
La investigación se centra en la concesión irregular de estas ayudas, que se habrían entregado a empresas que no cumplen los requisitos, bien porque no contaban con la antigüedad suficiente, bien porque no contrataban profesores con experiencia, bien porque no asumían su compromiso de contratar al 60% de los alumnos, bien porque no se responsabilizaban de determinados gastos derivados de la organización de los cursos de formación.
Por el momento, la Policía ha tomado declaración a 250 alumnos, que han contados cosas muy dispares, lo que lleva a concluir que las irregularidades cometidas por las empresas concesionarias habrían sido distintas en cada caso. En esta primera indagación, la UDEF se ha centrado en una docena de pymes que pertenecen a distintos sectores, entre los que destaca la hostelería, la restauración, la informática o la estética. Cientos de ciudadanos que preveían hacer estos seminarios para encontrar empleo podrían haber visto frustradas sus sueños a pesar de haber realizado los cursos.
Fuentes policiales consultadas prevén que la denominada operación Edu se alargue durante los próximos meses, dada la extrema complejidad de la investigación, que requiere analizar un incontable número de documentos, pliegos, facturas y adjudicaciones con el fin de poder montar el puzle de la historia que se ha producido en torno al Servicio Andaluz de Empleo durante los años de crisis.
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