El gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma de la inspección de trabajo

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley que recoge la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, después de recibir el informe favorable del Consejo Económico y Social (CES).
En su informe, el CES compartía la necesidad de modernizar y actualizar la inspección, y realizó una valoración general “positiva” de la norma, aunque criticó que el Ejecutivo pidiera el análisis con carácter urgente, lo que redujo “a sólo 10 días” el plazo del órgano consultivo para revisar la reforma.
El objetivo de estos cambios es apostar por un nuevo modelo que permita disponer de “una Inspección de Trabajo y Seguridad Social más coordinada y más eficaz, que siga estando al servicio de los trabajadores, de las empresas y de la sociedad, como lleva haciendo desde hace más de 100 años”, según afirma el Ministerio de Empleo en nota de prensa.
La reforma transforma la inspección en un organismo autónomo e incluye la creación de una oficina de lucha contra el fraude.
Asimismo, habilita a los subinspectores de Trabajo y Seguridad Social para que puedan controlar la contratación temporal y verificar si concurren las causas necesarias para justificar este tipo de empleos.
La reforma, que una vez en vigor derogará la actual ley que data del año 1997, configura la Inspección como un organismo autónomo que prestará servicio tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y que tiene como objetivo establecer un modelo "perdurable, fuerte y moderno", y que "propicie la cohesión territorial".
En este sentido, el anteproyecto mantiene las dos excepciones que existen en la actualidad, que son Cataluña y el País Vasco, que iniciaron el traspaso de la función inspectores en 2010 y 2011, respectivamente. En este caso, desde Empleo aseguran que "se respetan y se mantienen las competencias" de estas comunidades, pero "se refuerza la colaboración".
Una vez entre en vigor la nueva ley, este organismo estará presidido por el titular del Ministerio de Empleo y contará con un Consejo Rector, con presencia de todas las administraciones públicas implicadas y de las comunidades autónomas.
También se establecerán comisiones operativas en cada comunidad autónoma que realizará los planes de objetivos específicos para esa región y que se integrarán posteriormente en el plan global para todo el territorio nacional.
El anteproyecto establece además la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, con presencia también de las administraciones públicas y las comunidades autónomas, que tendrá funciones de detección del fraude y que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado.
En cuanto a la participación de los agentes sociales, que según Empleo también se ve reforzada, se incluirá la creación de un Consejo General que sustituirá a la actual Comisión Consultiva Tripartita, y que tendrá funciones de información, audiencia y consultas.
Asimismo, la reforma recoge la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud laboral para reformar los recursos de lucha contra la siniestralidad; y se establecen garantías de independencia técnica y protección frente a amenazas y coacciones para los miembros de la Inspección.