El gobierno aprueba la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, que beneficiará a 100.000 mujeres

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de Ley sobre Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, cuyo objetivo es promover y favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural.
De esta manera, se realiza el reconocimiento jurídico y económico derivado de la participación de la mujer en la actividad agraria. La nueva regulación beneficiará, según el Ejecutivo, a unas 100.000 mujeres del medio rural.
Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la responsable de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, con esta ley se da una "respuesta firme y segura a lo que era una demanda del sector", e impulsar una "nueva realidad en el mundo de la agricultura".
Aguilar se mostró confiada en contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma en esta legislatura. "Estoy convencida de que se conseguirá el consenso suficiente" porque "todos los grupos son conscientes de que es necesaria una ley de esas características", subrayó.
Además, la ministra destacó la voluntad de "diálogo" y la "disposición" del Gobierno para "alcanzar ese consenso".
TRES OPCIONES
La ley ofrece tres opciones para alcanzar la titularidad compartida: la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, la creación de una unidad económica o el reconocimiento de los derechos económicos generados por el trabajo como contraprestación por su actividad.
Por otra parte, tras el período de consulta pública se ha introducido que no se exigirá a los cotitulares de las explotaciones que sean agricultores profesionales.
En todo caso, para tener la consideración de explotación prioritaria sí será necesario que, al menos, una de las personas titulares sea agricultor profesional.
SUBVENCIONES
En todas las explotaciones agrarias de titularidad compartida las subvenciones se repartirán al 50% entre las dos personas titulares.
También se repartirán al 50% los rendimientos de la explotación entre las personas titulares y, dado que la administración es compartida, la representación será solidaria, reconociéndose así la capacidad de ambos miembros para comprometer la explotación.