El Gobierno español endurece la pena de prisión máxima por delito fiscal

Madrid, 11 may.- El Gobierno español aprobó hoy una modificación del Código Penal que prevé un endurecimiento de la pena de prisión máxima por delito fiscal, que pasa a 6 años en lugar de los 5 establecidos hasta ahora.

Asimismo, el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años, según anunció la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes en el que se aprobó la citada modificación del Código Penal.

Sáenz de Santamaría subrayó que se trata de una "profunda" reforma del código penal que se centra en tres ámbitos: la mala gestión de los recursos públicos, la lucha contra el fraude fiscal y también contra el fraude laboral.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo señaló que este anteproyecto, incluido en las amplias reformas económicas y jurídicas que lleva a cabo el Gobierno para tratar de atajar la crisis que sufre España, se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, principalmente.

El texto prevé también que durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.

Con ello se pretende evitar que en la tramitación de los delitos fiscales haya casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario que se beneficia de esa tramitación para vender sus bienes y evitar futuros cobros por parte de Hacienda.

Además, la modificación del código penal refuerza las medidas para ser más ágiles ante el delito fiscal, especialmente con las tramas criminales en torno al impuesto sobre el valor añadido (IVA).

En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta subrayó que se produce una reducción de las cantidades del límite para proceder por delito, "lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida".

También se amplía el plazo de prescripción de las figuras más graves hasta 10 años.