El Gobierno fijará condiciones para crear y suprimir organismos públicos

Madrid, 8 may.- El Gobierno pretende incluir en la reforma de la Administración sobre la que está trabajando regular la tipología de los organismos públicos tanto del Estado como de las autonomías y establecer determinadas condiciones para crearlos así como la forma de suprimirlos.

Fuentes del Ejecutivo han informado hoy de que esa es una de las cuestiones que está estudiando la comisión creada por el Gobierno para reformar las Administraciones y cuyas propuestas está previsto que se presenten antes del próximo 30 de junio.

La primera tarea de esta comisión es hacer un mapa de los organismos públicos de las Administraciones para después realizar las propuestas que se consideren necesarias para su modificación, y que incluirán tanto normas estatales que aprobará directamente el Gobierno como recomendaciones para que sean seguidas por el resto de administraciones.

Entre las decisiones previstas se encuentra la regulación de la tipología de los organismos públicos, lo que implicará la fijación de condiciones para que éstos puedan ser creados.

Pero además de evitar en el futuro la creación de organismos públicos superfluos y duplicados, el Ejecutivo centra su atención en que desaparezcan los que no se consideren necesarios, y, por ello, tiene la intención de regular la forma de suprimir muchos de los ya existentes.

La tarea para ello es compleja y las comunidades autónomas están demostrando interés ante el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno, según las fuentes del Ejecutivo, que han asegurado que hay mucho terreno en el que se pueden evitar duplicidades y no sólo en cuestiones más mediáticas como puede ser evitar la proliferación de instituciones como los defensores del pueblo autonómicos.

En el momento en el que el Gobierno presente su propuesta de reforma de la Administración, adjuntará igualmente un calendario para su puesta en práctica y algunos de los asuntos relativos a la normativa estatal podrán ser aprobados de inmediato.

Entre las medidas previstas se incluyen unas normas de contratación para lograr la reducción del gasto y el Gobierno está evitando ya firmar contratos a largo plazo a la espera de la regulación que se plantee.

El Ejecutivo espera ya tener para el próximo año un nuevo modelo de contratación pública más eficiente y que permita un ahorro significativo en las finanzas de las Administraciones.