El gobierno habilitará a los subinspectores de trabajo para que controlen la contratación temporal irregular

El Gobierno habilitará a los subinspectores de Trabajo y Seguridad Social para que puedan controlar la contratación temporal y verificar si concurren las causas necesarias para justificar este tipo de empleos.
Así lo recoge el anteproyecto de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo informe ha revisado este viernes el Consejo de Ministros y que establece la transformación de esta institución en un organismo autónomo.
Entre las medidas que recoge la reforma se incluye la habilitación de los subinspectores para el control del empleo temporal, una labor que hasta ahora sólo hacían los inspectores.
Este cambio habilitará a los 836 subinspectores que hay en España en la actualidad para que puedan controlar este tipo de irregularidades, lo que, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, supondrá "un salto exponencial" en los índices de transformación de contratos temporales en indefinidos.
ORGANISMO AUTÓNOMO
La reforma, que una vez en vigor derogará la actual ley que data del año 1997, configura la Inspección como un organismo autónomo que prestará servicio tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y que tiene como objetivo establecer un modelo "perdurable, fuerte y moderno", y que "propicie la cohesión territorial".
En este sentido, el anteproyecto mantiene las dos excepciones que existen en la actualidad, que son Cataluña y el País Vasco, que iniciaron el traspaso de la función inspectores en 2010 y 2011, respectivamente. En este caso, desde Empleo aseguran que "se respetan y se mantienen las competencias" de estas comunidades, pero "se refuerza la colaboración".
Una vez entre en vigor la nueva ley, este organismo estará presidido por el titular del Ministerio de Empleo y contará con un Consejo Rector, con presencia de todas las administraciones públicas implicadas y de las comunidades autónomas.
También se establecerán comisiones operativas en cada comunidad autónoma que realizará los planes de objetivos específicos para esa región y que se integrarán posteriormente en el plan global para todo el territorio nacional.
El anteproyecto establece además la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, con presencia también de las administraciones públicas y las comunidades autónomas, que tendrá funciones de detección del fraude y que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado.
En cuanto a la participación de los agentes sociales, que según Empleo también se ve reforzada, se incluirá la creación de un Consejo General que sustituirá a la actual Comisión Consultiva Tripartita, y que tendrá funciones de información, audiencia y consultas.
Asimismo, la reforma recoge la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud laboral para reformar los recursos de lucha contra la siniestralidad; y se establecen garantías de independencia técnica y protección frente a amanazas y coacciones para los miembros de la Inspección.
COLABORACIÓN CON LA POLICÍA
Por otro lado, el anteproyecto recoge la intención de la Inspección de alcanzar marcos de colaboración con determinadas unidades policiales y con otros cuerpos de funcionarios para mejorar la actividad inspectores.
El objetivo es que estas unidades policiales o cuerpos de funcionarios, como la inspección de sanidad, que realizan actuaciones en centros de trabajo, controlen también aspectos relacionados con el empleo. Así, aunque estos cuerpos no levantaría actas de infracción, sí que podrían informar a la Inspección de Trabajo.
Esta reforma no incluye la regulación de la unidad especial contra el fraude en formación, que irá en otra ley con el objetivo de que "actúe de forma inmediata", aunque acabará integrada en el nuevo organismo autónomo.
El objetivo del Gobierno es que el anteproyecto pase por el Consejo Económico y Social (CES) e inicie su tramitación parlamentaria a finales de este mes, para que la reforma entre en vigor en agosto o septiembre "con el mayor consenso parlamentario posible".