Madrid.- El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha impugnado ante el Tribunal Supremo (TS) las 254 candidaturas presentadas por Bildu a las próximas elecciones del 22 de mayo al estimar que es el vehículo formal de la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios y sucesión del complejo ETA-Batasuna.
Así lo ha explicado el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tras presentar a las 13.00 horas de hoy en el registro del TS la impugnación contra la totalidad de las candidaturas de Bildu, así como un segundo recurso para impugnar 16 agrupaciones de electores, cuya documentación ocupaba cinco cajas.
Según la Abogacía del Estado, la coalición electoral formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes se trata de un "plan B", un vehículo formal para presentar candidatos, "gestionada, dirigida, articulada y coordinada" en sus aspectos fundamentales por la izquierda abertzale ilegalizada.
"Las candidaturas son sucesión del complejo ETA-Batasuna", ha señalado De Fuentes.
El abogado del Estado ha explicado que no se ha impugnado la coalición porque en un recurso contencioso electoral lo que se impugnan son candidaturas y ésta no sería la vía para ilegalizar una coalición.
Los servicios jurídicos del Estado, ha señalado, llevan 3 semanas estudiando los 5 informes de la Policía Nacional, los 3 de la Guardia Civil, uno de la Policía foral de Navarra y otro de la Ertzaintza.
Así, desde el pasado 6 de abril cuando se presentó la coalición electoral, se han analizado "todas las vertientes fácticas y jurídicas", de tal forma que el criterio que trasladaron al Gobierno era que procedía la impugnación de todas las candidaturas, ha dicho.
Respecto a las agrupaciones electorales, ha considerado que se trata de un "un plan C residual" en municipios o concejos pequeños donde por diferentes razones no ha habido acuerdo entre los integrantes de la coalición y Batasuna, por lo que a través de agrupaciones han presentado candidaturas autónomas.
El recurso de la Abogacía del Estado sostiene que EA ha conciliado su estrategia electoral con la de la izquierda abertzale.
La prueba documental aportada a la Sala del 61 del TS demuestra, según de Fuentes, que el funcionamiento de la coalición está articulado desde el mundo de Batasuna.
Entre estas pruebas, el abogado general del Estado ha destacado dos sobre acuerdos electorales (herri akordioak) que demuestran que la coalición Bildu se diseña y ejecuta desde el mundo Batasuna y que en las listas electorales se atribuyen los puestos en función de lo votos que ANV obtuvo en 2007.
Otra prueba que aporta son las conversaciones intervenidas que demuestran que en muchos municipios se había concertado una práctica para un pacto entre Batasuna y partidos legales, y la cesión desde éstos de puestos representativos en las listas, así como un conjunto de pruebas indiciarias utilizadas en otros procesos anteriores.
En el recurso, la Abogacía General del Estado pide al Tribunal Supremo que anule los acuerdos de proclamación de todas las candidaturas de Bildu y que, como medida cautelar, suspenda la obligación legal de la Oficina del Censo Electoral y de las Juntas Electorales de tener que suministrar una copia del censo a las listas impugnadas.
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