Lisboa, 20 dic.- El Gobierno luso afirmó hoy que estudiará una reforma de las pensiones en un contexto de reforma "más general", tras la sentencia del Tribunal Constitucional que vetó la reducción de las pensiones de funcionarios públicos.
El jefe del Ejecutivo conservador luso, Pedro Passos Coelho, consideró que el dictamen judicial no excluye una eventual reducción de las pensiones y su gabinete estudiará "cuidadosamente" las "puertas abiertas y cerradas" por el fallo divulgado este jueves.
"Nos parece claramente que la sentencia revela que no es inconstitucional reducir el valor de las pensiones, aunque sea en un contexto de reforma más general y reunidas ciertas condiciones", afirmó en una rueda de prensa en Bruselas tras la Cumbre de Jefes de Estados de la UE, según recogieron medios portugueses.
El primer ministro, del Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), señaló que se propondrá un "nuevo contexto" para presentar una medida de reforma que sirva para alcanzar los mismos objetivos de reducción de gasto público y de mantenimiento financiero del sistema de pensiones.
Sin embargo, no mencionó la posibilidad de un aumento de impuestos como medida compensatoria al ahorro suprimido por los jueces, que el primer ministro había defendido en intervenciones anteriores a la sentencia.
La legislación invalidada preveía una reducción del 10 % de las pensiones de más de 600 euros de funcionarios públicos para el próximo año, lo que supondría un ahorro al erario luso estimado de unos 400 millones de euros.
El Alto Tribunal, que a lo largo del año ha invalidado otras cuatro sentencias, consideró que la ley vulneraba el principio de confianza del Estado y el interés público argumentado por el Gobierno no estaba por encima las "legítimas expectativas" y "derechos adquiridos" de los pensionistas públicos.
Passos Coelho consideró que el revés "no era la solución deseada" y sostuvo que la norma rechazada fue fruto de un "compromiso amplio" y "acordada oportunamente" con la UE y el Fondo Monetario Internacional en el programa del rescate concedido en mayo de 2011.
En ese sentido, insistió en la necesidad de una revisión del sistema de pensiones públicas para garantizar su mantenimiento y para reducir el gasto público y asegurar la capacidad financiera del Estado a largo plazo.
El ahorro invalidado por el Constitucional supone, además, otro obstáculo en el aún incierto camino financiero de Portugal, que debe reducir su déficit en 2014 hasta el 4 % y tiene previsto salir del programa de asistencia en junio de ese año.
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