Apenas cuatro días han bastado al Gobierno para virar su postura en torno a la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Si en un primer momento se apostó por mantenerse al margen ante la demanda civil presentada por Carles Puigdemont en un juzgado belga, ahora el Ejecutivo busca "estrategias" para evitar que se abra un procedimiento contra el juez instructor de la deriva independentista.
Según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por este diario, siempre ha estado sobre la mesa la intención de defender la jurisdicción española y ello implica brindar la protección necesaria a jueces y magistrados. Sin embargo, las principales asociaciones judiciales han reprochado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que no siempre mantuviera esta línea y le recuerdan que este procedimiento, lejos de versar sobre una cuestión particular, supone un ataque a la soberanía nacional y un fraude a la soberanía nacional.
Esto es así porque, de admitirse a trámite la demanda presentada por el expresidente catalán y otros cuatro de sus consejeros contra Llarena por unas manifestaciones hechas en una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero, el magistrado se vería obligado a apartarse de la causa en la que ya ha procesado a 25 imputados por rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos.
De no hacerlo, Puigdemont tendría la posibilidad de plantear una cuestión de recusación puesto que, en su caso y en de los exconsejeros fugados, Llarena no ha terminado la instrucción del sumario de la causa al encontrarse éstos en situación de rebeldía, según informan fuentes jurídicas.
Desde Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, consideran que la presión ejercida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto con los informes de la Abogacía del Estado, favorables a que la Justicia española se persone en el procedimiento, han conseguido que la ministra se haya dado cuenta de su "error".
Consideran que lo que se busca con esta demanda civil es apartar al juez instructor de la causa "mediante medios torticeros" con la excusa de que es una cuestión de ámbito privado. Los recurrentes piden que se condene al juez con la cantidad simbólica de un euro ante falta de imparcialidad al manifestar que en Cataluña no hay presos políticos.
Sin embargo, desde la Asociación Profesional de la Magistratura explican que estas manifestaciones, lejos de reflejar una opinión personal del juez, son de sobra conocidas y las ha reflejado en varios de los autos dictados a lo largo del sumario. Por ello estiman que la demanda interpuesta cuestiona abiertamente el sistema judicial español y se hace "necesaria" la intervención del Estado en la defensa del asunto.
Desde la mayoritaria Juezas y Jueces para la Democracia respaldan a la ministra y aseguran que el Gobierno no ha cambiado de criterio puesto que desde siempre ha mantenido que defenderían la soberanía de los tribunales españoles. Se trata de la misma postura que mantiene el departamento de Justicia desde donde se trabaja en la contratación de los servicios de un bufete de abogados belga, tal y como ha anunciado la ministra esta misma mañana en entrevista radiofónica.
Esto es así porque la Abogacía del Estado no tiene capacidad legal de actuar en la defensa de un magistrado en un juzgado ordinario de otro país, como ocurre en este caso. Por ello, la personación de los servicios jurídicos del Estado implica la contratación de un despacho privado.
Puigdemont advierte: Sentaría un "precedente gravísimo"
El expresidente de la Generalitat de Cataluña ha respondido desde Waterloo que se trata de una acción civil contra un particular y por ello considera que sentaría un "precedente gravísimo" el hecho de que el Ejecutivo costeara la defensa jurídica del magistrado.
Puigdemont ha explicado en declaraciones a la prensa tras reunirse con el actual presidente catalán, Quim Torra, que la primera decisión del Ejecutivo le pareció correcta porque no se pueden comprometer recursos públicos en la defensa de un particular.
Sobre la decisión del Gobierno de contratar los servicios de un despacho belga, considera que se ha creado cierta confusión al respecto y que se verá si es así o no el próximo 4 de septiembre, fecha en la que el tribunal belga ha citado a las partes tras la presentación de la demanda civil.
Tanto Puigdemont como Torra han aprovechado para instar a Sánchez a que explique cuál es su proyecto político para Cataluña y han vaticinado que éste puede ser un trimestre de grandes oportunidades si "las instituciones españolas" lo saben aprovechar.
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