Madrid.- El Gobierno unificará en una sola ley, que pretende aprobar este mismo año con el consenso de todas las fuerzas políticas, todas las indemnizaciones, prestaciones y ayudas a las víctimas del terrorismo, que se verán incrementadas y tendrán carácter retroactivo.
Esa es la voluntad que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reflejado en un informe sobre la atención a las víctimas del terrorismo en España que hoy ha presentado al Consejo de Ministros.
Este estudio incluye un balance de la situación en materia de lucha antiterrorista, según el cual a día de hoy han sido víctimas de actos terroristas 9.552 personas, de las cuales 1.382 han fallecido.
El importe de todas las indemnizaciones que se han satisfecho hasta este momento alcanza los 722.694.182 euros.
El sistema actual de indemnizaciones se rige por dos leyes distintas que articulan las ayudas de carácter general y las derivadas de la solidaridad con las víctimas de actos terroristas, y el objetivo del Ministerio del Interior es recoger de forma unitaria todas las prestaciones, sean de la naturaleza que sean, en un código normativo único.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros que la intención de Rubalcaba es ponerse en contacto en los próximos días con los grupos parlamentarios con el objetivo de lograr un acuerdo para empezar a tramitar la nueva ley en este periodo de sesiones y tenerla finalizada este mismo año.
Esto permitiría aprobar en el primer semestre de 2011 el futuro Reglamento de la Ley, lo que facilitaría que los plazos para solicitar las ayudas puedan estar abiertos a finales del próximo año.
La nueva norma, que el Ejecutivo quiere impulsar en forma de proposición de ley, tendrá como ejes fundamentales la unificación en un sólo texto de todas las indemnizaciones, la inclusión de todas las prestaciones complementarias, el aumento cuantitativo de las ayudas y la aplicación retroactiva de las mismas para quienes hayan recibido por sentencia judicial una cuantía inferior a la prevista en la nueva norma.
Además, establecerá un baremo para determinar la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada por los tribunales, para evitar diferencias de trato, y contemplará la protección de las víctimas frente a actos de ostentación pública del terrorismo.
En el informe se hace referencia específica a las víctimas de los atentados del 11-M en 2004, las cuales han recibido ayudas muy importantes, según ha destacado De la Vega, tanto económicas, como para reconstrucción de viviendas y de apoyo psicológico.
"El Gobierno, recogiendo el sentir de la ciudadanía española ha tratado y trata de amortiguar un daño que en sus aspectos personales es irreparable", ha asegurado la vicepresidenta, que ha defendido que es un deber de todos "ayudar y proteger a quienes sufren de manera tan directa el zarpazo de la violencia con la que el terrorismo ataca a la sociedad".
La vicepresidenta ha reiterado que el Gobierno seguirá persiguiendo a los violentos y a quienes les apoyan "con toda la fuerza del Estado de Derecho, con la profesionalidad de nuestros Cuerpos y Fuerzas Seguridad del Estado y con la cooperación internacional que tantos y tan buenos resultados está dando".
"Cada día estamos mas cerca del final y no vamos a cejar en ese esfuerzo porque, sin duda, no hay mejor homenaje a las víctimas del terrorismo que acabar con los violentos", ha concluido la vicepresidenta, para quién "dignificar a las víctimas no es sólo una obligación del Gobierno, sino que es un imperativo ético para la sociedad".
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