Bilbao, 26 ene.- La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, y el fiscal jefe de la comunidad autónoma, Juan Calparsoro, han coincidido hoy en su rechazo a la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, porque las penas en España ya "son más altas" que en otros países de Europa.
En declaraciones a los medios al término de una reunión en Bilbao para analizar las investigaciones sobre los supuestos casos de bebés robados y de adopciones ilegales, Mendia y Calparsoro se han manifestado contrarios a la mayor parte de las reformas legales anunciadas ayer por el Gobierno.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, adelantó ayer una reforma de la Justicia que incluirá el pago de tasas para recurrir, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y la posible instauración de la prisión permanente revisable, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.
La consejera y el fiscal jefe vascos han coincidido en rechazar este último punto aunque esa pena permanente pueda "ser revisable" porque, según ha dicho Mendia, las penas que existen actualmente son "suficientes" y además son "más elevadas que en el contexto europeo".
La consejera vasca de Justicia ha dicho no compartir la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ni "el planteamiento de reforma del método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional".
El fiscal jefe del País Vasco ha dicho que "las penas en España son ya, probablemente, más elevadas que en países en los que existe la cadena perpetua", por lo cual ha descartado que esa reforma sea en la práctica "un incremento de las penas".
Además, Carparsoro ha pedido no olvidar que España es el país de la Unión Europea donde hay reclusos en proporción a la población, lo que evidencia, a su entender, que el sistema penal "es muy duro y que además no se corresponde con el nivel delincuencial" del país.
Ha valorado otras de las propuestas adelantadas por el ministro, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "para dar más fuerza o más responsabilidad al papel de la Fiscalía en la investigación penal", así como el impulso anunciado a la mediación en ese mismo ámbito penal.
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