El Govern ve difícil reclamar judicialmente los 759 millones en inversiones

  • El gobierno catalán ha admitido hoy "la dificultad" que comporta tener que recurrir por vía judicial que el Estado cumpla la disposición adicional tercera del Estatut y pague los 759 millones de euros que adeudaba a la Generalitat en concepto de inversiones en infraestructuras.

Barcelona, 19 abr.- El gobierno catalán ha admitido hoy "la dificultad" que comporta tener que recurrir por vía judicial que el Estado cumpla la disposición adicional tercera del Estatut y pague los 759 millones de euros que adeudaba a la Generalitat en concepto de inversiones en infraestructuras.

El secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que las Comunidades Autónomas podrán ser intervenidas si no pueden atender sus obligaciones financieras, y explicó que el Gobierno ha devuelto planes de ajuste de comunidades por incluir ingresos que "no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".

Beteta también dijo que el Gobierno dejaba en suspenso el cumplimiento de disposiciones estatutarias como la que obliga a que las inversiones en Cataluña sean proporcionales a la aportación de Cataluña al PIB español (disposición adicional tercera del Estatut).

El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha reconocido implícitamente que, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que recortó el Estatut, el gobierno español puede interpretar que no está obligado a cumplir la disposición adicional tercera.

Homs no ha descartado del todo que la Generalitat emprenda la vía de reclamación judicial para conseguir que el Estado le pague los 759 millones de euros, entre otros motivos porque "hay una negociación abierta", ha dicho, pero "hay que explicar las cosas como son, y el drama jurídico es que la sentencia del TC supuso una colleja muy fuerte al Estatut".

Dicho tribunal, ha lamentado, "optó por lo que le sugería el gobierno español, y dijo que la disposición adicional tercera era válida siempre y cuando se interpretara como lo hace el gobierno del Estado", por lo que esto deja a la Generalitat en una situación de indefensión, ha apuntado, y "la decisión final (sobre el posible recurso) será adoptada sobre argumentos jurídicos".

Según el portavoz del gobierno catalán, que ha confirmado que la Generalitat no va a renunciar a percibir los recursos que están contemplados en el Estatut, "es muy grave que lo que aprobó el pueblo de Cataluña se lo pasen por el forro".

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