Seúl, 14 nov.- Un equipo de fiscales de Corea del Sur decidió hoy no presentar cargos contra Lee Si-hyung, el hijo del presidente, Lee Myung-bak, por un caso de supuesta corrupción que ha salpicado al entorno más cercano del jefe de Estado.
Los fiscales, sin embargo, ordenaron la revisión de los datos tributarios del hijo del presidente, al tiempo que imputaron a tres antiguos y actuales funcionarios del servicio de seguridad presidencial por abuso de confianza y otros cargos, informó la agencia local Yonhap.
Lee Si-hyung, de 34 años, ocupó portadas a finales de octubre por ser el primer hijo de un presidente surcoreano en activo sometido a un interrogatorio ante los fiscales, en el marco de un supuesto caso de corrupción relacionado con la compra fallida de unos terrenos para la futura casa del presidente.
Previamente, las autoridades habían solicitado que se prohibiera salir del país al hijo del mandatario y a otras 10 personas que podrían estar implicadas en el caso, al tiempo que registraron la casa y la oficina del hermano mayor del jefe del Estado, Lee Sang-eun, también sospechoso.
Este último podría haber prestado 600 millones de wones (415.000 euros) a su sobrino Lee Si-hyung para la compra fallida, y presuntamente irregular, de unos terrenos donde se pretendía levantar la futura residencia de Lee Myung-bak.
El presidente surcoreano, cuyo mandato finalizará en febrero de 2013, llegó en 2011 a un acuerdo para construir en los citados terrenos en Naegok-dong -cerca del lujoso distrito de Gangnam- su futura vivienda, que incluiría instalaciones auxiliares para el personal de seguridad.
El hijo de Lee y el servicio de seguridad presidencial compraron conjuntamente el suelo, pero más tarde se reveló que el trato no fue equitativo y que el primero pudo haberse beneficiado económicamente del acuerdo al adquirir terreno por debajo de su valor.
La oficina presidencial negó este extremo y posteriormente dio marcha atrás al proyecto al anunciar que Lee se mudaría a su casa anterior, en un aparente intento de evadir la polémica suscitada.
La Fiscalía decidió en junio de este año, tras un primer proceso, no presentar cargos contra los supuestos implicados, pero los partidos de la oposición solicitaron una investigación especial que actualmente está en curso y podría prolongarse hasta finales de este mes.
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